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Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, como parte de una estrategia destinada a fortalecer la seguridad ciudadana y el control penitenciario. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 128-2026-PCM.

Los penales comprendidos son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. El Ejecutivo sostiene que la intervención busca reforzar las acciones de seguridad frente a organizaciones criminales que continúan operando desde los centros penitenciarios.

 

RESTRICCIONES EN PERÍMETRO

La declaratoria comprende el perímetro exterior de los cinco establecimientos penitenciarios, hasta un radio de 200 metros. Durante la vigencia de la medida se establece la suspensión constitucional de los derechos relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal dentro del ámbito determinado por la norma.

El objetivo es permitir un mayor control de las zonas próximas a los penales y reducir los riesgos asociados con actividades delictivas coordinadas desde el interior de los establecimientos. La decisión forma parte de las medidas que el Gobierno viene impulsando para enfrentar delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas.

 

MEDIDAS CONTRA INTERNOS

La nueva disposición se suma a otras acciones adoptadas durante 2025 y 2026 para reforzar la seguridad penitenciaria. Entre ellas figuran el traslado de internos considerados de extrema peligrosidad hacia establecimientos con mayores niveles de control, así como operativos destinados a impedir el ingreso y uso de celulares, drogas y otros objetos prohibidos.

El Ejecutivo plantea así una estrategia que combina el control de los establecimientos con medidas dirigidas a impedir que las organizaciones criminales mantengan capacidad operativa desde las cárceles. La declaratoria tendrá una duración de 60 días, periodo durante el cual se aplicarán las disposiciones establecidas en el decreto supremo.(Perú21)

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