El diputado Carlos Alarcón (Unidad) y el presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), han presentado un proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, el cual plantea prohibir las expropiaciones o nacionalizaciones, además de permitir los arbitrajes internacionales en temas de inversión.
El proyecto, presentado al Senado, plantea incorporar el artículo 412 a la Constitución con dos parágrafos: uno que «prohíbe todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización, y/o reversión de inversiones nacionales y extranjeras».
Asimismo, en ese artículo se plantea un segundo parágrafo para que todo tipo de controversias del Estado con inversionistas sean decididas por métodos amistosos o por la jurisdicción estatal boliviana o jurisdicción arbitral, nacional o internacional.
El proyecto también propone desconstitucionalizar 30 artículos de la Constitución, que se refieren a temas como la elección de magistrados judiciales por voto, además del régimen de inversiones y recursos naturales, con la finalidad de que puedan ser regulados por ley en el plazo de un año.
Los artículos que se proponen desconstitucionalizar son los siguientes: 182; 183; 185; 187; 188; 194; 198; 199; 200; 201; 203; 227; 228; 310; 319; 320; 351; 352; 355; 356; 357; 358; 359; 361; 362; 363; 367; 370; 373; 378.
Por último, la propuesta sugiere derogar tres textos de la Carta Magna: el que tipifica como traición a la patria violar el régimen constitucional de recursos naturales; el que obliga a las inversiones extranjeras a sujetarse a leyes bolivianas; y el que prohíbe el arbitraje internacional.
FASES DE LA REFORMA
El documento, firmado por Alarcón y Ávila, explica que deberían desarrollarse tres fases de la reforma parcial de la Constitución.
La primera fase consiste en el tratamiento de ambas cámaras, Senadores y Diputados, por separado para pronunciarse sobre el contenido de la reforma.
La segunda fase sería de sanción del texto de la reforma en el pleno de la Asamblea, con dos tercios de votos.
La tercera fase consiste en someter la reforma al voto popular mediante referendo. (Erbol)