El gobierno sueco reafirmó su postura de expulsar y deportar a ciudadanos británicos, alegando que no solicitaron a tiempo el permiso para permanecer en el país tras el Brexit.
El ministro de Migración, Johan Forssell, defendió enérgicamente ayer la aplicación del acuerdo de retirada del Brexit por parte de la agencia de migración sueca, en respuesta a una pregunta de un diputado sobre el caso de Joyce Thomas, una viuda británica de 78 años a la que se le ordenó abandonar el país tras 21 años.
Forssell afirmó que la Comisión Europea, que tiene el mandato legal de garantizar que los Estados miembros de la UE implementen correctamente el acuerdo de retirada, respaldaba el enfoque de Suecia.
«La Junta de Migración ha dado seguimiento a la aplicación del acuerdo de retirada y la evaluación es que Suecia ha cumplido sus compromisos. Esta evaluación es compartida por la Comisión», sostuvo.
Hubo una creciente controversia en torno a las órdenes de expulsión emitidas a ciudadanos británicos que desconocían que Suecia era uno de los 13 países de la UE que exigían solicitudes formales para permanecer en el país después del Brexit.
En otro caso, un británico de 34 años, John Sellers, fue deportado a pesar de haber vivido en Suecia desde que tenía 10 años.
El diputado local de Thomas, Häkan Svenneling, del partido de izquierda, declaró a The Guardian: «Me parece que el gobierno sueco cree que todo está bien, a pesar de que actualmente se está deportando a ciudadanos británicos de Suecia. En esta situación, la inacción también es una forma de actuar. Lo que Suecia necesita es un nuevo gobierno y un nuevo ministro de migración que deje de deportar a personas con fuertes vínculos con Suecia».
En su respuesta escrita a Svenneling, Forssell ofreció a los ciudadanos británicos que se enfrentaban a la deportación un rayo de esperanza. Declaró: «La relación con el Reino Unido es muy importante para Suecia y el gobierno seguirá velando por la correcta aplicación del acuerdo de retirada. En este sentido, el gobierno está estudiando si se pueden adoptar medidas adicionales para facilitar el proceso en el futuro».
A Thomas se le comunicó que debe abandonar Suecia antes del martes 8 de septiembre o se enfrentará a la deportación y a una posible prohibición de entrada en el espacio Schengen.
Ella es una de las varias ciudadanas británicas que se enfrentaron a órdenes de expulsión después de que la agencia de migración rechazara sus solicitudes de residencia presentadas fuera de plazo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido planteó en varias ocasiones la cuestión de la postura de Suecia respecto a las solicitudes tardías de residencia posteriores al Brexit en el comité especializado en derechos de los ciudadanos, una estructura creada para garantizar que el acuerdo de retirada se aplique correctamente.
David Milstead, director de la organización ciudadana Brits in Sweden, afirmó que la respuesta sueca no fue una sorpresa. «El gobierno difícilmente iba a desautorizar las decisiones de la agencia de migración o de los tribunales suecos. La verdadera cuestión es si el enfoque de Suecia es coherente con el derecho de la UE y el acuerdo de retirada», declaró.
Señaló que, según el acuerdo, el Reino Unido estaba obligado a crear un organismo legal, la Autoridad de Supervisión Independiente (IMA, por sus siglas en inglés), para garantizar de forma independiente que el Ministerio del Interior implementara correctamente el acuerdo del Brexit, mientras que la Comisión Europea desempeñaba el papel correspondiente para los Estados miembros de la UE.
«La IMA ha adoptado un enfoque mucho más firme. Es difícil imaginar que no hubiera cuestionado al Reino Unido si este hubiera aplicado una política como la de Suecia, lo que habría puesto en riesgo los derechos de alrededor de un cuarto de millón de solicitantes tardíos que obtuvieron su aprobación (en el Reino Unido)», sostuvo Milstead.
«El enfoque de Suecia ahora debe ser sometido a prueba ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o bien abordarse mediante medidas que remedien el problema. La respuesta del gobierno deja abierta la posibilidad de un cambio, y este debe incluir la corrección de las decisiones de deportación injustas».
Se contactó con la Comisión Europea para recabar su opinión.
Según datos de Eurostat, entre 2021 y 2025, un total de 2.490 ciudadanos británicos recibieron la orden de abandonar Suecia. Un análisis del Ministerio de Asuntos Exteriores reveló que esta cifra representa el 32,9% de los 7.565 ciudadanos británicos a quienes se les ordenó abandonar los 27 Estados miembros de la UE durante ese período. Si bien no es posible determinar con exactitud cuántos se encontraban en Suecia antes de que finalizara el período de transición entre el Reino Unido y la UE, es probable que la mayoría estuviera allí.
Thomas lleva 21 años en Suecia y afirma que su difunto esposo preguntó sobre el impacto del Brexit y que las autoridades le señalaron que no tenían que hacer nada para permanecer legalmente en el país.
La pareja se mudó al campo para estar cerca de su hijo y sus nietos, y Thomas sostuvo que se sintió muy preocupada tras recibir la orden de desalojo.(The Guardian)