Con la intervención iniciada ayer, el Gobierno busca que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deje de comercializar carburantes y se encargue de las actividades de explotación y exploración de campos petroleros, sostuvo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, quien justificó que la medida asumida responde a las deficiencias logísticas en la importación y distribución de carburantes, que generan escasez y largas filas en las estaciones de servicio.
«La intención del Gobierno nacional es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos. Yacimientos no fue creada con ese fin, cumpliendo la Constitución», enfatizó.
Blanco precisó que el objetivo final es que YPFB «salga de ese rol» de encargarse de la comercialización de carburantes, para que esa tarea sea asumida progresivamente por el sector privado.
Enfatizó que, en toda la cadena, Yacimientos va a seguir participando, pero paulatinamente se tendrá que retirar y empezar a dedicarse a las actividades de explotación, exploración y trabajar con la refinería.
DECRETO SUPREMO 5697
El Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, establece la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria encargada del seguimiento de la gestión de la petrolera estatal durante la vigencia de la medida. También busca excluir a la entidad estatal de la comercialización de combustibles. Empresarios señalan que la decisión demoró.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, informó que el Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un período de hasta 180 días calendario, ante las deficiencias en sus operaciones y con el objetivo de fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
Blanco también anunció que la próxima en ser intervenida es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), debido a la situación complicada en la que se encuentra la entidad estatal, y también será anunciada en su momento.
COMERCIALIZACIÓN
Asimismo, otro de los objetivos de la norma apunta a que deje el negocio de la comercialización y concentre sus operaciones en la exploración y explotación de hidrocarburos, dijo el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora.
Al respecto, Blanco dijo que el proceso de abrir la comercialización a los privados será paulatinamente, pero también -agregó- que esperan un acuerdo con el sector para garantizar el suministro al mercado nacional.
Mientras tanto, el ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, escribió en su cuenta @Ronaldnostas que «la intervención de YPFB es una medida adecuada, pero extemporánea e insuficiente. Su corrupción, ineficiencia y desorden se deben al modelo corporativo, injerencia sindical y politización. Para recuperarla es necesario su cierre, refundación y auditoría de los últimos 20 años».
PLAN
«Esto es parte de un plan que tenemos para que (…) YPFB haga lo que tiene que hacer: dedicarse a la exploración y explotación de hidrocarburos y que salga de la comercialización, porque ahí está el problema», expresó la autoridad a propósito del Decreto Supremo 5697, que dispone la «intervención» estatal extraordinaria, transparente y temporal de YPFB.
El artículo 5 del DS 5697 indica que la comisión estará conformada por los ministros de Economía y Finanzas Públicas; de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; y de Hidrocarburos y Energías. También participa el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
El decreto señala que la comisión «priorizará sus tareas en comercialización, logística y trazabilidad de combustibles, recomendando auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución de carburantes, orientadas a identificar la red de contrabando, desvío, acopio y otros, e individualizar las responsabilidades del personal involucrado».
Igualmente, la comisión «podrá recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de auxilio, así como recomendar apoyo a entidades de control o fiscalización del Estado, con la finalidad de asesorar los procesos de auditoría y rediseño de procesos».