Ante los nuevos anuncios de bloqueos que amenazan nuevamente con paralizar al país, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe aprobar con urgencia una Ley Antibloqueos que establezca responsabilidades, sanciones y mecanismos de resarcimiento por los daños ocasionados a la población. Existen propuestas que esperan tratamiento en ambas cámaras, entre ellas la presentada por el diputado Carlos Alarcón.
Los bloqueos atentan principalmente contra los más pobres. El transportista que pierde jornadas de trabajo, el comerciante que no puede trasladar su mercadería, el productor que no logra llevar sus alimentos al mercado y el trabajador que no puede llegar a su fuente laboral son quienes terminan pagando las consecuencias de estas medidas.
Por ello, una Ley Antibloqueos no debe limitarse a establecer sanciones. Debe contemplar también el resarcimiento económico a transportistas, comerciantes, productores y otros sectores que sufran pérdidas como consecuencia de los bloqueos.
CRUELDAD EN LOS BLOQUEOS
Hay hechos que no pueden ser olvidados. Durante anteriores jornadas de bloqueo fueron denunciados casos en los que ambulancias que trasladaban pacientes de emergencia tuvieron dificultades para atravesar los puntos de bloqueo.
Uno de los hechos que provocó indignación ocurrió en el puente Méndez, en la carretera entre Sucre y Potosí, donde se denunció que una ambulancia quedó impedida de continuar su recorrido mientras el personal médico intentaba despejar la vía. También fueron denunciados hechos similares en Patacamaya, donde familiares de una paciente crítica afirmaron haber recibido expresiones de extrema insensibilidad cuando intentaban trasladarla hacia La Paz.
Si estos hechos ocurrieron como fueron denunciados, no pueden ser considerados simplemente parte de una protesta social. Impedir el paso de una ambulancia pone en riesgo el derecho fundamental a la vida y a la salud.
El derecho a la protesta no puede convertirse en el derecho a decidir quién puede circular, quién puede trabajar y, mucho menos, quién puede recibir atención médica.
EL BLOQUEO COMO IMPOSICIÓN
Otro aspecto que debe ser investigado es la situación de los propios comunarios. En diferentes conflictos sindicales se han denunciado multas, amenazas y presiones contra campesinos que se niegan a participar en marchas o bloqueos.
Cuando una persona es obligada a bloquear bajo amenaza de sanción, pérdida de su puesto, expulsión o agresión, ya no estamos ante una movilización libre.
El problema no está en los campesinos ni en las comunidades indígenas, sino en determinadas estructuras de poder que utilizan a las comunidades como instrumentos de presión política.
También es necesario diferenciar entre pueblos indígenas y determinadas estructuras sindicales rurales. El hecho de que una organización sindical esté integrada mayoritariamente por indígenas no significa que el sindicato sea necesariamente una institución propia de las formas tradicionales de organización indígena.
Durante décadas, estructuras sindicales de origen externo han ocupado espacios de representación en el campo, llegando en algunos casos a subordinar las formas propias de organización comunitaria. El campesinado boliviano tiene derecho a organizarse libremente y a decidir su propio destino.
Particular preocupación merece la situación denunciada en algunas regiones, especialmente en el Chapare, donde se han señalado prácticas de control sindical mediante multas, amenazas, expulsiones y otras formas de presión. Si tales hechos se producen, deben ser investigados y sancionados, independientemente de quién los cometa.
Lo mismo debe aplicarse en el altiplano y los valles. Ninguna organización sindical tiene derecho a imponer mediante amenazas la participación obligatoria en bloqueos o movilizaciones.
50 DÍAS DE BLOQUEO Y 23 MUERTOS
Los aproximadamente 50 días de bloqueos a los que se refiere este artículo dejaron familias enlutadas, ciudades desabastecidas y graves pérdidas económicas. La cifra de 23 personas fallecidas debe ser investigada y documentada por las autoridades competentes para establecer las circunstancias y responsabilidades correspondientes.
Pero el daño va mucho más allá de las cifras. Los bloqueos prolongados provocan el incremento de los precios de los alimentos, pérdidas para productores y comerciantes, paralización del transporte, cierre de empresas y mayor desempleo.
El bloqueo termina convirtiéndose en un impuesto que pagan los más pobres.
Por eso debemos preguntarnos: ¿quién devuelve al transportista los días que estuvo detenido? ¿Quién compensa al comerciante que perdió sus productos? ¿Quién responde por el productor que no pudo llevar su cosecha al mercado? ¿Quién responde cuando una ambulancia no logra llegar a tiempo?
La futura Ley Antibloqueos debe establecer un régimen integral de responsabilidad y reparación de daños, además de sanciones para quienes cometan delitos durante las movilizaciones.
EL SINDICALISMO NO PUEDE SER UNA NUEVA OLIGARQUÍA
También corresponde mirar hacia las dirigencias sindicales nacionales. Mientras algunos dirigentes se presentan como representantes de los trabajadores, existen cuestionamientos sobre los privilegios y elevados ingresos de determinadas autoridades sindicales.
La denuncia de remuneraciones superiores a 40.000 bolivianos atribuida a algunos dirigentes debe ser verificada documentalmente y, si corresponde, explicada públicamente. El sindicalismo nació para defender al trabajador, no para convertirse en una nueva élite de poder para oprimir a sus afiliados.
Después de dos décadas de predominio del denominado proceso socialista, Bolivia atraviesa una profunda crisis económica y política. La falta de dólares, los problemas de combustibles, el incremento del costo de vida, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo han deteriorado la situación de millones de bolivianos.
En este escenario, los bloqueos agravan una economía ya debilitada. Crisis, bloqueo, desabastecimiento, inflación, pérdida de empleos y mayor pobreza forman un círculo que el país ya no puede seguir soportando.
ES HORA DE TERMINAR CON LA IMPUNIDAD
Aprobar una Ley Antibloqueos no significa prohibir la protesta social. Significa establecer que ningún derecho puede utilizarse para destruir los derechos de los demás, aclarándose que el bloqueo bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como un derecho.
Los bolivianos tienen derecho a protestar, pero también a trabajar y circular libremente. Tienen derecho a reclamar, pero también a negarse a participar en una movilización. Y, sobre todo, tienen derecho a recibir atención médica cuando su vida está en peligro.
Ha llegado la hora de terminar con la utilización política de los sectores más humildes. El campesinado boliviano no necesita dirigentes que lo obliguen, amenacen o utilicen; necesita libertad para organizarse, producir y decidir su propio destino.
Las carreteras no son propiedad de ningún sindicato, partido político ni grupo de presión. Son de todos los bolivianos.
Por ello, ante los nuevos anuncios de bloqueos, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe actuar con responsabilidad. Una Ley Antibloqueos ya no puede seguir esperando.
El autor es comunicador social.