Los sectores productores e interculturales de Yapacaní dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, luego de una jornada en la que el despliegue de policías y militares terminó sin enfrentamientos y con el repliegue de las fuerzas del orden del municipio.
El acuerdo fue alcanzado después de una reunión entre autoridades gubernamentales, dirigentes y representantes de los sectores sociales movilizados, quienes mantienen su rechazo a la norma por el impacto que, según sostienen, tendrá la eliminación de la subvención al diésel para grandes consumidores en los costos de producción.
Tras más de diez horas de presencia en Yapacaní, las unidades de la Policía y las Fuerzas Armadas comenzaron a retirarse del puente principal y de los accesos al municipio. El repliegue incluyó a efectivos de la Octava División del Ejército, patrullas policiales y tanquetas que habían sido desplazadas desde la madrugada para garantizar la transitabilidad y evitar el bloqueo anunciado.
La jornada concluyó sin enfrentamientos ni hechos violentos. Las fuerzas de seguridad, que habían ingresado al municipio entre las 09:30 y las 10:00, iniciaron su salida una vez concluida la labor de custodia en los puntos considerados estratégicos.
El despliegue había sido activado después de que la Federación de Interculturales Productores Agropecuarios anunciara una medida de presión contra el Decreto Supremo 5676. La organización había instruido a sus centrales y sindicatos participar con el “100% de sus bases”, en cumplimiento de una resolución aprobada durante el cabildo del 20 de agosto.
Ante esa convocatoria, la Policía y las Fuerzas Armadas se movilizaron hacia Yapacaní desde las primeras horas del martes. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, había explicado que el contingente tenía como objetivo garantizar la circulación y hacer cumplir el estado de excepción vigente, que prohíbe los bloqueos de caminos.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, había fijado además la posición del Gobierno frente a la movilización y señaló que se permitirían las protestas pacíficas, pero no los bloqueos. El despliegue militar, según explicó, tenía un carácter preventivo y buscaba apoyar las tareas de la Policía para mantener la normalidad y la continuidad de las actividades.
El conflicto se mantiene, sin embargo, en torno al Decreto Supremo 5676. Los productores exigen su abrogación porque consideran que el retiro de la subvención al diésel para grandes consumidores afectará directamente sus costos y la actividad productiva.
El escenario también está condicionado por el estado de excepción declarado por el Gobierno el 20 de junio, después de más de 50 días de bloqueos registrados en distintas carreteras del país. La medida, establecida por un periodo máximo de 90 días, contempla restricciones específicas y la prohibición de bloqueos con el objetivo de garantizar la libre circulación, el abastecimiento de productos esenciales y el orden público.
Con el repliegue de las fuerzas de seguridad y el compromiso de mantener la protesta sin hechos violentos durante esta jornada, el conflicto entra ahora en una etapa de espera. El Gobierno tiene 48 horas para responder a la demanda de los sectores de Yapacaní, mientras los productores mantienen abierta la posibilidad de nuevas medidas si no se atiende su pedido de abrogar el Decreto Supremo 5676. (Con información de agencias)