Parte 1
En julio de 2025, CEPAL publicó un estudio sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina, diagnosticando que Bolivia recibió sólo el 0,1% del total de inversiones que se generaron en la región. Reflejado en moneda, de 114,812 millones de dólares, Bolivia recibió tan sólo 247 millones; no siendo estadísticamente significativo y por tanto, fue irrelevante. Para colmo, Bolivia dentro de los Rankings de Percepción de la Corrupción (IPC), ocupa el puesto 136 de 182 países evaluados, alcanzando 28 puntos sobre 100, siendo el tercer país más corrupto de la región.
Por otro lado, la captación de IED es el desafío que poseen todos los países y regiones del mundo, de allí que los incentivos para su captación, así como las labores de personal diplomático de carrera, no se improvisan y se guían por su respectivas Políticas Exteriores (PE) que van de la mano en armonía con sus políticas públicas de inversión, para el desarrollo de los intereses de su nación.
En el caso de Bolivia, emergente de la actual CPE, se introdujeron dentro del modelo económico concebido, uno del tipo plural apoyado en 4 formas de organización económica: 1) comunitaria, 2) estatal, 3) privada y 4) social cooperativa. Que luego, se reflejó en la aún actual Ley Nº 516, que prioriza la intervención estatal y su supervisión sobre las inversiones, con sesgos evidentemente ideológicos y resultando en casi nulas inversiones a nivel país, en la realidad.
En el caso de Bolivia, los empresarios e inversionistas, exclaman la necesidad de seguridad jurídica, lo cual no debe simplificarse a la existencia de leyes claras, también de su ejecución y la intervención de entes estatales que deben vigilar con imparcialidad, objetividad, racionalidad y congruencia que se cumplan. Vale decir, con autoridades jurisdiccionales tanto en el ámbito administrativo como judicial, que brinden tutelas efectivas sin inclinaciones a favor del mejor postor o poder de turno.
Al respecto, hace días fue remitida por el Órgano Ejecutivo, el Anteproyecto de Ley de Inversiones, que en sus 103 artículos, más disposiciones adicionales, transitorias, abrogatorias y derogatorias y finales; plantea supuestamente un nuevo modelo para el régimen de inversiones, sean éstas del tipo de Alianza Público-Privada (APP) o de inversiones en general, éste último con más del 50% de capital extranjero, limitando inclusive las áreas en las que se puede invertir.
De allí que, leyendo la propuesta se observa que, las buenas intenciones más la propaganda gubernamental, en medios de comunicación, sobre la captación de inversiones para la población, deben ser coherentes y no simples declaraciones que carecen de sentido práctico real. Aclarando que, es innegable que Bolivia requiere de manera urgente, una nueva estructura legal-operativa, para la captación de inversiones con seguridad jurídica, políticas públicas claras y estabilidad.
Véase algunos puntos del anteproyecto, iniciando desde las trabas constitucionales como el párrafo II del Art. 320 de la CPE, conocida como cláusulas Calvo, que obligan a los inversores extranjeros a someterse a la jurisdicción, leyes y autoridades bolivianas, prohibiendo la invocación de tratamientos diplomáticos o excepcionales. Mandato constitucional, que sólo se puede cambiar a través de reformas constitucionales establecidas.
Dicha norma, es claramente invocada en el anteproyecto, pero además, reflejada en el párrafo II del Art. 99 (Consentimiento Expreso del Estado), que condiciona en nombre de la potestad soberana, la determinación de los mecanismos de solución de conflictos. Esto es imposición del ius imperium estatal sobre cualquier actor inversor, obligándolo a someterse al mejor parecer del Estado, ratificando así la cláusula Calvo proteccionista ideologizada, que tantas trabas produce.
Por si no queda claro, en las disposiciones derogatorias y abrogatorias, derogan los artículos 128 al 133 de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje, pero no derogan el Art. 127 de la misma que ordena el sometimiento de cualquier inversión a la jurisdicción, leyes y autoridades bolivianas (cláusula Calvo), la cual preservan. Dado lo ampuloso de la ley y el conjunto de observaciones propositivas que se tiene aún, se concluirá aquí que: Bolivia requiere inversiones, sí, absolutamente, pero con normas coherentes y sin improvisaciones al respecto.
El autor es diplomático e internacionalista.