Después de paciente espera de la población del país, el Poder Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa, uno de los más de diez proyectos de ley para reactivar la economía boliviana, la cual fue deteriorada gravemente por los nefastos gobiernos masistas del cocalero Evo Morales y el de Luis Arce.
Durante dos décadas de régimen masista, la economía del país sufrió una serie de problemas, algunos hasta absurdos, al haber sido puesto en aplicación un sistema económico populista, consistente en retroceder históricamente al tiempo de las comunidades primitivas y, enseguida, querer saltar al socialismo, sin tener que pasar por la inevitable etapa capitalista. Pero tal intención arbitraria violaba las leyes del desarrollo social de Bolivia.
Al recibir el actual gobierno nacional ese presente griego, la Cámara de Diputados ahora asume una notable responsabilidad, ya que, en primer lugar, deberá dejar sin efecto la vigente Ley de Inversiones y, al mismo tiempo, establecer disposiciones que estén orientadas a impulsar el crecimiento sostenido de Bolivia.
Para continuar con sus labores, los diputados deben considerar, principalmente, si la ley proyectada puede ser considerada sin hallar oposición en la Constitución Política vigente desde el año 2009. Solamente después de este paso, el proyecto podrá seguir su curso. También deberá enfrentar la oposición de legisladores que forman la mayoría en la Cámara Baja.
Pero esos episodios, aparte de las demoras burocráticas, deberán ser seguidos hasta conseguir que la ley del caso estará destinada a crear condiciones adecuadas para beneficio del país. Es decir para que la nueva Ley de Inversiones tenga una ejecución positiva y no caiga en saco roto o, por otro lado, sea perjudicial para nuestra Nación.
En todo caso, es necesario que los asambleístas hagan los estudios necesarios, de tal forma que su actividad legislativa no sea insulsa. Al respecto, es conveniente la investigación de los antecedentes de la práctica de las inversiones extranjeras, de sus resultados en tiempos pasados y, también, ver que los frutos de la nueva legislación sirvan para el desarrollo del país.
A propósito de esas observaciones, sería oportuno que los parlamentarios revisen antecedentes históricos, como los referentes al gobierno del presidente Andrés Santa Cruz, particularmente el Informe a la Nación que dio sobre la economía nacional antes e inmediatamente después de la fundación de Bolivia. Asimismo, cabe tomar en cuenta cómo ese gobierno logró un gran desarrollo nacional, al extremo que Bolivia fue señalada como una potencia económica, política y militar en la región y a la cual querían anexarse países vecinos.
En todo caso, demás está pedir a los llamados padres de la patria que aprueben una ley que haga que los inversionistas aporten beneficios a Bolivia y, por tanto, gocen de las garantías legales que correspondan.