Algunos legisladores consideran que la Ley de Inversiones no será suficiente si antes no se modifica disposiciones de la Constitución Política del Estado que limitan la seguridad jurídica y el arbitraje internacional. Otros, en cambio, aseguran que la norma es necesaria para recuperar la confianza y atraer capital nacional y extranjero.
La senadora de Libre, Tomasa Yarhui, sostuvo que hay “candados” que deben ser revisados antes de aprobar una nueva legislación de inversiones. “Si una empresa quiere venir a invertir en Bolivia, tenemos que darle seguridad jurídica. Y ese candado está puesto en la CPE”. Yarhui señaló que la discusión no debería limitarse a una sola norma, debido a que también existen restricciones constitucionales relacionadas con hidrocarburos y minería. “Se tiene que hacer primero una reforma parcial de la Constitución para luego aprobar otra ley, porque de lo contrario va a ser inconstitucional”.
El pasado 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz anunció que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de inversiones, una de las normas que el gobierno considera fundamentales para su agenda de reformas.
Desde el PDC, la diputada Claudia Bilbao expresó una posición favorable a la iniciativa que busca generar condiciones de seguridad jurídica, y aseguró que el objetivo central debe ser generar confianza para los capitales nacionales y extranjeros. “La ley de inversiones es el pilar que nos va a dar la seguridad jurídica para la inversión de extranjeros bolivianos, porque hoy día eso necesitamos, que vengan a invertir a nuestro país”.
La diputada responsabilizó al modelo económico aplicado durante los últimos 20 años por la falta de inversiones y afirmó que Bolivia necesita aprovechar sus recursos naturales mediante la llegada de capital.
La diputada de Libre, Lissa Claros, pidió esperar la presentación formal del proyecto antes de emitir una valoración definitiva, pero coincidió con Yarhui en que una reforma parcial de la Constitución sería necesaria. “Primero esperemos que lo presenten, porque hay anuncios, anuncios, pero nunca presentan”, dijo y agregó que una ley de inversiones sin modificaciones constitucionales sería jurídicamente inviable.
La diputada también planteó que las denominadas leyes estructurales deben ser producto de un acuerdo político y social amplio, y no únicamente de negociaciones parlamentarias.
El diputado de Unidad, Alejandro Reyes, señaló que todavía no conocía el contenido del proyecto, pero consideró que la ley de inversiones es fundamental para enfrentar la falta de divisas y recuperar la confianza. “Bolivia necesita dólares. Y la mejor forma de atraer dólares es a través de seguridad jurídica en las inversiones”, sostuvo, y anticipó que el proyecto probablemente buscará establecer incentivos y mejores condiciones para los inversionistas. Sin embargo, también reconoció la existencia de restricciones constitucionales, particularmente en materia de litigios y participación de tribunales extranjeros. “La realidad es que hay ciertos candados en la Constitución (…) y se necesita una reforma constitucional”.
Una posición mucho más crítica proviene del diputado de Unidad, Carlos Alarcón, quien cuestionó los anuncios realizados por el Gobierno y puso en duda que las garantías planteadas sean suficientes para atraer inversiones. “Yo he señalado que es una ventana de humo, tanto para el país como para los inversionistas internacionales en sectores estratégicos de la economía”, dijo y cuestionó específicamente la posibilidad de exigir dos tercios de votos para una eventual expropiación o nacionalización, al considerar que esa garantía podría ser modificada posteriormente mediante una nueva mayoría legislativa.
Para Alarcón, el problema central está en la propia Constitución y no puede resolverse únicamente mediante leyes ordinarias. “He identificado 18 candados en 18 artículos de la parte especial de la Constitución”. Por ello, advirtió que las leyes estructurales podrían convertirse solamente en medidas parciales si no se modifica previamente el marco constitucional. “Las mal llamadas leyes estructurales van a ser paliativos, parches, que no nos van a sacar a futuro inmediato ni de la crisis económica ni del desarrollo económico del país”.
El senador de Unidad, César Mentasti, optó por esperar a conocer el contenido del proyecto antes de fijar una posición definitiva, pero adelantó que, para él, la discusión debe concentrarse en las garantías reales que ofrecerá la norma a quienes decidan invertir en Bolivia. Mentasti remarcó que el principal desafío será convencer a los inversionistas de colocar su capital en el país en un contexto de conflictos y riesgos para las inversiones. “Gente que viene a invertir aquí y que le bloquean y le hacen perder plata, no lo van a hacer”.
El senador afirmó que su bancada tiene propuestas y que existen dos elementos que no están dispuestos a dejar de lado: seguridad jurídica y participación regional. “Nosotros, particularmente como alianza Unidad, hemos pedido en varias oportunidades que se respete la seguridad jurídica, y también la participación de las regiones en la toma de decisiones”. (Brújula Digital)