El gobierno de Rodrigo Paz Pereira dio un nuevo paso en la aplicación de su propuesta del 50/50, orientada a modificar la distribución de recursos entre el nivel central y las gobernaciones. El planteamiento contempla una mayor asignación de recursos para los departamentos y también la transferencia de nuevas responsabilidades, en un escenario marcado por la caída de los ingresos provenientes de la venta de gas y el menor dinamismo de la economía nacional.
La distribución de recursos entre el Gobierno y las gobernaciones es un paso para profundizar las autonomías, frenadas por las maniobras políticas del Movimiento al Socialismo (MAS), a través de la retención de recursos.
El Acuerdo N.º 001/2026 – Agenda 50/50, firmado entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores de Bolivia, constituye el primer acuerdo nacional orientado a reformar de manera integral el modelo autonómico y fiscal vigente desde la aprobación de la Constitución de 2009, de acuerdo con el analista económico Fernando Romero.
“El documento reconoce que el proceso autonómico permanece inconcluso y que las gobernaciones continúan enfrentando limitaciones en materia de generación de ingresos, autonomía presupuestaria y ejercicio efectivo de sus competencias. En respuesta, se acuerda iniciar un proceso de “co-construcción” para revisar la autonomía tributaria, la distribución de recursos fiscales, las competencias intergubernamentales, el financiamiento de las autonomías y la futura coparticipación tributaria, bajo principios de corresponsabilidad fiscal, calidad del gasto y sostenibilidad financiera, detalla.
De acuerdo con el documento de información base para analizar el ajuste del gasto público de la Fundación Jubileo, el presupuesto inicial para las gobernaciones alcanzaba a 9.475 millones de bolivianos, el 2025 la cifra alcanzó a más de 9.600 millones.
Entre los ingresos y gastos de las gobernaciones están: regalías, recursos del Fondo Compensatorio departamental, coparticipación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), impuesto a la participación en juegos, impuestos departamentales, recursos propios (venta de bienes y servicios, tasa, patentes y otros), transferencias del sector público, donaciones, préstamos externos e internos, transferencias del Gobierno Central para servicios personales de Salud y Gestión Social y saldos en bancos de gestiones anteriores, señala el texto de la Fundación Jubileo: ¿En qué gastarán el dinero los gobiernos departamentales el 2025?
Ruta
El acuerdo no establece todavía una coparticipación tributaria 50/50 inmediata, sino una hoja de ruta para construir reformas legales, institucionales y fiscales que permitan avanzar progresivamente hacia ese objetivo.
Entre los puntos más relevantes destacan la revisión de la Ley 154 de Clasificación de Impuestos, la elaboración de una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, la eliminación gradual de condicionamientos de gasto impuestos por el nivel central, la ampliación de potestades tributarias departamentales, la creación de fondos de compensación y medidas de alivio financiero para las gobernaciones. Asimismo, se prevé que los consensos alcanzados se traduzcan en leyes, decretos, convenios y acuerdos fiscales con aplicación progresiva desde la gestión fiscal 2027, sostiene Romero.
Asimismo, en julio pasado siete gobernadores definieron cinco puntos de trabajo para plantear al Gobierno nacional. Entre las principales se encontraban la revisión de normativa considerada contraria a la Constitución Política del Estado, la redistribución de la coparticipación tributaria, la transferencia de instituciones y la creación de mecanismos de coordinación entre los gobiernos departamentales.
Aspectos positivos
Para Romero, uno de los aspectos positivos del acuerdo suscrito, la semana pasada, fue reconocer la necesidad de las autonomías departamentales, que implica revisar competencias, financiamiento y potestades tributarias para fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales.
“Eso es relevante porque actualmente las gobernaciones administran una proporción muy reducida de los recursos fiscales nacionales, pese a tener crecientes responsabilidades en infraestructura, desarrollo productivo y planificación territorial. Desde una perspectiva institucional, este reconocimiento constituye un avance importante hacia un modelo más equilibrado de descentralización fiscal”, subrayó.
Otro punto que resalta, abre el debate sobre la coparticipación tributaria departamental, y uno de los mayores aportes del acuerdo es la creación de una mesa técnica para elaborar una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. “Actualmente, las gobernaciones no participan directamente de la coparticipación tributaria nacional, mientras municipios y universidades sí reciben recursos de este sistema. La incorporación formal de este debate permite comenzar a corregir una de las principales debilidades del modelo autonómico boliviano y genera la posibilidad de construir una distribución más equilibrada y acorde con las competencias territoriales”, apuntó.
Destaca la incorporación de medidas de alivio financiero para las gobernaciones. El acuerdo reconoce explícitamente la situación financiera crítica que atraviesan varias gobernaciones y plantea evaluar mecanismos de reprogramación, diferimiento de obligaciones y saneamiento fiscal.
“Eso es particularmente importante para departamentos como Tarija, que enfrentan una fuerte caída de ingresos hidrocarburíferos y elevados niveles de endeudamiento. Si estas medidas se implementan adecuadamente, podrían mejorar la liquidez de corto plazo y evitar que la crisis financiera afecte la prestación de servicios públicos esenciales”, sostuvo.
Negativos
Pero también están los aspectos negativos, ya que no crea recursos inmediatos para las gobernaciones. Aunque el acuerdo propone reformas profundas, no incorpora medidas concretas de transferencia de recursos en el corto plazo.
Las gobernaciones continúan enfrentando problemas de liquidez, deuda y déficit mientras se desarrollan estudios, diagnósticos y mesas técnicas. En consecuencia, los beneficios financieros reales podrían tardar varios años en materializarse. Desde una perspectiva presupuestaria, esto limita significativamente el impacto inmediato del acuerdo, advierte.
Otro está referido a la carencia de metas cuantificables. El documento no establece porcentajes, montos ni cronogramas específicos para alcanzar el denominado 50/50. Tampoco define indicadores concretos para medir avances en autonomía fiscal o coparticipación tributaria. Esta ausencia de metas cuantificables puede generar interpretaciones distintas entre el Gobierno Nacional y las gobernaciones, reduciendo la certeza sobre los resultados finales del proceso, observó.
“El éxito del acuerdo dependerá de futuras reformas legales. La mayor parte de los compromisos requiere modificaciones legales complejas, incluyendo cambios a la Ley 154, la Ley Marco de Autonomías y posiblemente otras normas tributarias y fiscales. Esto implica negociaciones políticas prolongadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó.
Tributaria
Actualmente, el sistema de coparticipación tributaria boliviano presenta una asimetría importante. Aproximadamente el 75% de los recursos tributarios permanece bajo administración del Gobierno Central, mientras municipios y universidades participan de la distribución, pero las gobernaciones reciben prácticamente 0% de coparticipación tributaria directa.
Esa situación resulta difícil de justificar desde la lógica autonómica porque los gobiernos departamentales tienen competencias constitucionales, responsabilidades de inversión y obligaciones de planificación territorial que requieren fuentes de financiamiento estables. Por ello, la nueva Ley Especial de Coparticipación debería incorporar explícitamente a las gobernaciones como beneficiarias permanentes del sistema.
Romero plantea que la distribución no debería basarse únicamente en criterios poblacionales. También debería considerar variables como pobreza, extensión territorial, aporte al Producto Interno Bruto (PIB), generación de empleo, esfuerzo fiscal, productividad regional y necesidades de infraestructura.
La creación de un Fondo de Equilibrio Territorial podría evitar las desigualdades excesivas, ya que una parte de los recursos debería destinarse a un fondo compensatorio que apoye a departamentos con menores ingresos propios, menor actividad económica o mayores necesidades de inversión social y productiva.
Temas principales
del 50/50
El consenso logrado sobre la redistribución de recursos y responsabilidades denominada como 50/50 entre el nivel central de gobierno y las gobernaciones, es que estas no solventarán más el pago de un bono de vacunación destinado a los trabajadores del sector de salud pública, ni el pago de los prediarios o asignación económica diaria de 8 bolivianos por persona, destinada a cubrir la alimentación básica de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.
Asimismo, ese proyecto de ley (PL) incluirá que el costo del título de bachiller, de carácter gratuito para los estudiantes, lo asuma el Ministerio de Educación y no las gobernaciones.
Las gobernaciones y municipios que hacen esfuerzos por buscar recursos financieros para sus proyectos de desarrollo regional y local, que buscan pagar sus deudas y tratan de estabilizar sus cuentas financieras, tienen que ser “premiadas”, señaló el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.
En su momento, el presidente Rodrigo Paz indicó que la redistribución de recursos será fiscalizada para que los subgobiernos no destinen a gasto corriente, sino a salud educación y obras.
Recomendaciones de eficiencia
1. Establecer metas fiscales verificables
La Agenda 50/50 debería incorporar indicadores obligatorios y metas medibles para cada fase de implementación. Por ejemplo, definir qué porcentaje de recursos deberá administrarse por las gobernaciones en 2027, 2028, 2029 y 2030. Esto permitiría evaluar avances reales y evitar que el proceso quede sujeto únicamente a interpretaciones políticas.
2. Crear un Fondo Nacional de Transición Autonómica
Mientras se implementan las reformas estructurales, debería crearse un fondo temporal destinado a apoyar a las gobernaciones con mayores problemas financieros. Este fondo podría financiarse mediante reasignaciones presupuestarias, recursos extraordinarios o ahorros derivados de la racionalización del gasto público nacional.
3. Vincular recursos a desempeño institucional
Una parte de los nuevos recursos debería distribuirse considerando indicadores de eficiencia administrativa, calidad de inversión pública, ejecución presupuestaria y generación de ingresos propios. Esto fortalecería la corresponsabilidad fiscal y mejoraría la calidad del gasto público.
4. Incorporar conciliación de cuentas históricas
La Agenda debería incluir una auditoría y conciliación nacional de cuentas entre el nivel central y las gobernaciones. Esto permitiría identificar recursos retenidos, competencias financiadas por gobiernos departamentales y obligaciones históricas que podrían compensarse financieramente.
5. Garantizar estabilidad normativa
Las reformas deben diseñarse con una visión de largo plazo para evitar modificaciones permanentes por cambios de gobierno. La seguridad jurídica será esencial para consolidar una verdadera descentralización fiscal sostenible. (Fuente: Fernando Romero)
