Una investigación del consultor en Agua y Medio Ambiente, José María Herbas Postigo, sostiene que la compra de tuberías destinada a renovar la conducción entre Valle de las Flores y Callapa estuvo marcada por presuntas irregularidades administrativas, técnicas y económicas en Epsas Intervenida.
El nuevo elemento presentado por Herbas es una cotización de la empresa chilena Tubexa, fechada el 28 de diciembre de 2020, por $us 977.229,30 para la provisión de tuberías de acero con características que, según el investigador, eran equivalentes a las requeridas por Epsas. A tipo de cambio oficial, la propuesta rondaba los Bs 6,8 millones.
Según la documentación citada por Herbas, esa oferta no habría sido considerada cuando Epsas fijó un presupuesto referencial de Bs 11.564.616. Tras dos procesos que quedaron sin efecto, la adquisición terminó bajo contratación por excepción y el contrato con la Sociedad Comercial La Llave S.A. fue suscrito por Bs 14.375.832.
A partir de esa comparación, el investigador calcula un presunto sobreprecio superior a Bs 7 millones. El dato deberá ser valorado dentro del proceso penal y no constituye, por sí mismo, una determinación judicial de responsabilidad.
El caso ya había generado observaciones internas y actuaciones judiciales. Informes técnicos señalaron que las tuberías de procedencia china presentaban problemas en el revestimiento interno y una comisión recomendó rechazar el material. Pese a esas observaciones, Epsas realizó desembolsos equivalentes al 70% del contrato. Una auditoría interna difundida en 2025 estableció un presunto daño económico millonario.
Herbas cuestiona el viaje de técnicos de Epsas a China para inspeccionar la fabricación. Según la documentación que cita, la empresa cubrió pasajes y viáticos pese a que el contrato establecía que la inspección en fábrica debía correr por cuenta del proveedor. Durante esa visita no se habrían realizado todas las pruebas de revestimiento debido a las bajas temperaturas en Tianjin.
Las cañerías debían reemplazar la conducción instalada de manera provisional después del megadeslizamiento de 2011 en Callapa y Valle de las Flores. Sin embargo, el material adquirido no fue incorporado al sistema y permanece almacenado mientras continúa el proceso judicial, por lo que la red provisional sigue cumpliendo una función inicialmente temporal.
La investigación penal alcanzó a exinterventores de Epsas y a representantes de la empresa proveedora. En febrero de 2026, el exinterventor Bladimir Iraízos fue enviado a detención preventiva por seis meses, acusado de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía indaga a otros exinterventores y a la representante legal de La Llave S.A.
Herbas propone que la oferta de Tubexa sea incorporada para ampliar las pesquisas sobre un posible direccionamiento y la determinación del precio de contratación. También reclama examinar la actuación de las áreas técnicas, administrativas, legales y de auditoría que participaron en el proceso.
Para el investigador, el caso compromete la seguridad hídrica de La Paz porque la obra pendiente debía sustituir una conducción provisional que abastece a sectores de la Zona Sur. Por ello, pidió al Ministerio Público y a las instancias reguladoras profundizar las investigaciones, establecer responsabilidades y garantizar el resarcimiento de cualquier daño económico que llegue a comprobarse.
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