Alarcón condiciona leyes a reforma constitucional

El diputado por Unidad, Carlos Alarcón Mondonio, afirmó que las leyes económicas que el Gobierno prevé remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no producirán un cambio estructural si antes no se impulsa una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
El legislador en entrevista con EL DIARIO, aclaró que su análisis se basa en los contenidos adelantados por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, debido a que el proyecto completo de ley de inversiones todavía no fue presentado. Cuestionó que el Ejecutivo proponga exigir dos tercios de los legisladores presentes para autorizar expropiaciones o nacionalizaciones, porque esa garantía podría ser eliminada posteriormente por mayoría simple.
“Es una ficción, un espejismo y una ilusión”, sostuvo Alarcón. En su criterio, la protección real debería incorporarse en la Constitución mediante una prohibición expresa de nacionalizaciones, expropiaciones, estatizaciones y reversiones unilaterales.
También planteó habilitar el arbitraje internacional, principalmente en hidrocarburos, donde las empresas deben comprometer capitales elevados y asumir riesgos de exploración. Advirtió que la Constitución Política obliga a someter las inversiones a la jurisdicción boliviana, por lo que una ley ordinaria no podría garantizar una instancia independiente.
Alarcón rechazó además que el eventual reconocimiento de activos intangibles, conocimiento especializado y ganancias futuras en caso de expropiación sea presentado como incentivo. Afirmó que el objetivo no debería ser calcular cuánto pagará el Estado después de nacionalizar, sino impedir que esa medida se produzca.
El diputado identificó al menos 18 disposiciones constitucionales que, según su interpretación, limitan la llegada de capitales. Entre ellas mencionó normas sobre recursos naturales, participación estatal mayoritaria, reversión de derechos, trato a la inversión extranjera y sanciones por vulnerar el régimen constitucional.
Asimismo, cuestionó que el Estado deba conservar obligatoriamente el 51% de participación en determinadas asociaciones y que el inversionista sea tratado como prestador de servicios, en lugar de socio estratégico. Consideró que esas condiciones reducen la capacidad de Bolivia para competir con: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay.
Aseguró que una reforma podría obtener más de dos tercios de respaldo legislativo, a pesar de las divisiones de las bancadas opositoras. Sin embargo, atribuyó la falta de iniciativa gubernamental a una continuidad con el modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS) y al interés de preservar la reelección presidencial.
Para Alarcón, sin ajustes constitucionales las nuevas leyes serán “paliativos” o “parches” y no resolverán la inseguridad jurídica que, en su criterio, desalienta las grandes inversiones extranjeras.