El Gobierno prepara el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de varias leyes orientadas a modificar el modelo económico y recuperar la capacidad de Bolivia para atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, el diputado Carlos Alarcón sostiene que ninguna norma tendrá un efecto estructural si antes no se impulsa una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), porque varias de sus disposiciones generan inseguridad jurídica y económica para los grandes capitales.
Alarcón aclaró que sus observaciones se basan en los contenidos adelantados por el ministro de Economía, debido a que el proyecto completo de ley de inversiones todavía no fue presentado ni es conocido por el país. A partir de esos anuncios, cuestionó que el Ejecutivo pretenda introducir garantías mediante una ley ordinaria sin modificar previamente las restricciones constitucionales.
Uno de los planteamientos gubernamentales establece que cualquier expropiación o nacionalización requeriría el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en la Asamblea. Para Alarcón, esa disposición no constituye una protección efectiva, porque la ley completa o el artículo específico podrían ser abrogados o derogados posteriormente por mayoría simple.
“Es una ficción, un espejismo y una ilusión”, sostuvo al advertir que un futuro Gobierno con mayoría parlamentaria podría eliminar esa garantía y retomar políticas de nacionalización similares a las aplicadas durante la administración de Evo Morales.
El legislador planteó que la seguridad debería incorporarse directamente en la Constitución mediante una prohibición expresa de las expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones, reversiones u otras medidas unilaterales que extingan inversiones. Las controversias, agregó, deberían vincularse con incumplimientos legales o contractuales del inversionista, pero no con decisiones estatales destinadas a apropiarse de sus activos.
También propuso que la CPE permita al Estado y al inversionista acordar una jurisdicción imparcial e independiente, incluida la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional. A su juicio, esta herramienta es especialmente necesaria en hidrocarburos, donde las empresas comprometen grandes sumas de capital bajo su propio riesgo para buscar nuevos pozos petroleros o gasíferos.
Alarcón observó que el Gobierno pretende mantener la prohibición constitucional del arbitraje internacional en hidrocarburos, pese a que ese sector requiere compañías especializadas y líderes mundiales. Sin esa garantía, dijo, será difícil atraer inversiones en un escenario en el que Bolivia compite con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.
El diputado cuestionó además el anuncio de habilitar el arbitraje internacional en otros rubros mediante la futura ley. Recordó que la Constitución dispone que toda inversión debe someterse a la jurisdicción boliviana, por lo que una norma ordinaria no podría contradecir ese mandato y cualquier apertura quedaría expuesta a impugnaciones.
Otra propuesta anticipada por el ministro contempla que, en caso de nacionalización o expropiación, se reconozcan al inversionista activos intangibles, conocimiento especializado y ganancias eventuales o futuras. Alarcón rechazó que ese mecanismo sea presentado como incentivo. Considera que el objetivo no debería ser definir cuánto pagará el Estado después de una expropiación, sino impedir que esas medidas vuelvan a aplicarse.
Recordó que Bolivia ya pagó millonarias indemnizaciones en arbitrajes derivados de acuerdos anteriores a la actual Constitución, por lo que reconocer intangibles y ganancias futuras podría elevar aún más esos costos.
El legislador también se refirió a la prohibición constitucional de otorgar un trato preferente a la inversión extranjera frente a la nacional. Según explicó, esa regla impide diseñar incentivos especiales para proyectos de alto riesgo, particularmente en exploración hidrocarburífera.
Como ejemplo, señaló que una empresa extranjera podría duplicar su capital para explorar un área de baja probabilidad y solicitar una exención tributaria temporal. Aunque podría perder toda la inversión, la Constitución impediría darle condiciones diferentes a una empresa nacional.
Alarcón advirtió que intentar “esquivar” esa prohibición mediante una ley generaría otra fuente de inseguridad. Citó el artículo 124, parágrafo I, numeral 2, que tipifica como traición a la patria la violación del régimen constitucional de recursos naturales y establece una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
A su juicio, un futuro Gobierno podría acusar a autoridades e inversionistas de haber vulnerado ese régimen mediante contratos o incentivos autorizados por una ley contraria a la Constitución. Esa posibilidad, sostuvo, desalentaría a cualquier empresa interesada en comprometer capitales en el país.
El diputado indicó que identificó al menos 18 disposiciones que deberían ser ajustadas. Entre ellas mencionó los artículos 124.I.2; 319.II; 320.II, III y IV; 351.I, II y IV; 352; 355.II; 356; 357; 358; 359; 361; 362.I; 363.II; 366; 367; 370.III y V; 373.II y 378.II.
Según su interpretación, estas normas consolidan una visión en la que el Estado trata al inversionista como prestador de servicios o subordinado, y no como socio estratégico. Esa relación sería perjudicial en sectores donde Bolivia carece de tecnología, experiencia, financiamiento y capacidad de gestión suficientes.
También cuestionó que la Constitución obligue al Estado a conservar el 51% del paquete accionario en determinadas asociaciones. Si bien consideró que ese criterio puede ser válido como regla general, afirmó que no debería ser una condición invariable para todos los proyectos.
Una empresa líder, explicó, podría exigir la administración y una participación mayoritaria en una exploración de alto riesgo. Impedir siquiera evaluar esa alternativa reduciría la capacidad del país para negociar condiciones competitivas.
Alarcón vinculó esa limitación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que, según afirmó, fue afectada durante años por corrupción, prebendalismo y mala gestión. En ese contexto, cuestionó que el Estado deba asumir automáticamente el control mayoritario sin demostrar mejores capacidades técnicas que el socio privado.
Otra observación se refiere a las disposiciones que permiten revertir derechos o extinguir contratos por incumplimientos administrativos, ambientales u otras obligaciones. El legislador sostuvo que las sanciones deben ser proporcionales y que una infracción no debería ocasionar automáticamente la pérdida de una inversión multimillonaria.
A esa amenaza se suma, dijo, la imposibilidad de acudir a una instancia arbitral independiente, debido a que el inversionista tendría que presentar sus reclamos ante la justicia boliviana. Para Alarcón, la combinación de reversión discrecional, subordinación contractual y falta de arbitraje reduce drásticamente la competitividad del país.
El diputado atribuyó estas restricciones al modelo económico incorporado en la Constitución de 2009. Lo calificó como excesivamente ideologizado y sostuvo que ninguna Constitución debería imponer un modelo económico cerrado, sea estatista o liberal. En su criterio, las políticas económicas deben definirse mediante leyes y adaptarse a las circunstancias históricas del país.
Respecto a la viabilidad política de una reforma, Alarcón consideró que el Ejecutivo podría reunir más de dos tercios de apoyo en la ALP. Aseguró que una transformación real contaría con el respaldo de las fuerzas vinculadas a Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y de sectores del Partido Demócrata Cristiano, pese a sus divisiones internas.
Atribuyó la falta de iniciativa a dos razones: una continuidad política e ideológica con el Movimiento Al Socialismo, al que describió como un “MAS light” o “MAS soft”, y el interés gubernamental en preservar la posibilidad de la reelección presidencial, pese a compromisos electorales previos de eliminarla.
Para Alarcón, el ajuste constitucional es una condición indispensable para las leyes económicas que el Ejecutivo enviará a la Asamblea. La premisa, sostuvo, es que la Constitución no puede imponer “camisas de fuerza” ideológicas o económicas que sacrifiquen el futuro del país.
La pregunta central que plantea al Gobierno es cómo pretende ofrecer seguridad jurídica a grandes inversionistas sin reformar previamente las normas que regulan la inversión, el arbitraje, los recursos naturales, las asociaciones estatales, la reversión de derechos y la participación privada. Sin esa modificación, concluyó, Bolivia continuará en desventaja frente a sus vecinos y las nuevas leyes no lograrán revertir el aislamiento económico, el estatismo y la postergación que, en su criterio, marcaron las últimas dos décadas.