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El incentivo invisible para traer dólares: una logística confiable

Oswaldo Irusta Díaz

La estabilidad del tipo de cambio en un mercado mayorista depende de una oferta plena de dólares, lo que exige condiciones que motiven al exportador a repatriar la mayor cantidad posible de divisas. Cuando esa oferta es insuficiente, el mercado pierde profundidad y el tipo de cambio oficial queda más expuesto a presiones alcistas.
La estabilidad del régimen flexible depende menos del precio del dólar y más de la credibilidad del entorno operativo, entendiendo éste como la logística interna que comprende la capacidad del Gobierno para gestionar contingencias. Si este factor genera confianza, el exportador tiene más incentivos para repatriar divisas; si genera incertidumbre, las retiene.
Cuando los exportadores bolivianos no tienen incentivos para traer dólares al país, podrían optar por mantener sus excedentes en cuentas en el exterior, creando un circuito paralelo donde los importadores grandes compran dólares directamente a los exportadores, realizando la transacción fuera del sistema financiero nacional. Si esto ocurre no aumenta la liquidez en dólares en el sistema financiero, y el tipo de cambio mayorista queda con menos oferta de la que debería existir.
Obligar a la repatriación de dólares es una mala idea, además de inefectiva resulta perjudicial para la confianza del exportador. La clave es crear incentivos para que el exportador quiera traer sus dólares voluntariamente.
En este contexto, cuando el Gobierno no puede obligar la repatriación ni ofrecer instrumentos para invertir en dólares, uno de los incentivos inmediatos es ofrecer una logística eficiente para exportar; sin embargo, hoy esa logística está fracturada: tras el bloqueo de carreteras se han acumulado tres cuellos de botella que pesan directamente sobre las expectativas de repatriación de dólares.
Primero, el congestionamiento en los puertos de Arica, que según la prensa chilena opera con un nivel de saturación cercano al 120%, impide un flujo normal de carga y retrasa la rotación de contenedores bolivianos. Segundo, la escasez de diésel, que redujo el flujo de camiones hacia Arica a menos de un tercio del nivel habitual: de los 300 camiones diarios que deberían llegar, hoy circulan menos de 100, según la Cámara de Exportadores de La Paz. Y tercero, el retraso en Colchane; aunque este último problema deriva de una resolución administrativa por parte de Chile y la Cancillería boliviana ha informado una habilitación parcial del paso Pisiga–Colchane, persisten demoras que afectan la continuidad del tránsito. Estos tres factores conforman un entorno logístico incierto que desalienta la repatriación de divisas por parte del exportador.
Frente a este escenario, las autoridades chilenas han señalado dos posibles medidas para descongestionar el flujo: habilitar áreas anexas a los espacios portuarios o redirigir la carga hacia otros puertos. Si finalmente se implementan, el Gobierno boliviano debería hacerse cargo de estos costos, de lo contrario éstos terminarán repercutiendo en los exportadores.
En el caso del diésel, el Gobierno no puede asegurar abastecimiento continuo porque enfrenta una doble restricción: falta de dólares para importar y un precio interno muy por debajo del valor de mercado, lo que incentiva el contrabando inverso. Mientras el diésel siga artificialmente barato, la escasez será recurrente. Por eso, sincerar su precio no es una decisión política, sino una condición económica para reconstruir la logística que permita a los exportadores operar y repatriar divisas.
Este conjunto de factores configura un entorno que deteriora las expectativas del exportador, factor que compromete la estabilidad cambiaria. Aunque parte de los cuellos de botella ocurre en territorio chileno, el impacto sobre la carga boliviana exige una capacidad previa de coordinación, previsión y respuesta por parte del Estado boliviano.
Las fallas logísticas no son hechos aislados, sino el resultado directo de una falta de previsión y atención por parte de las autoridades bolivianas. La acumulación de carga tras 53 días de bloqueo no fue anticipada, no se coordinó con Chile, no se aseguraron combustibles y no se activaron protocolos de contingencia.
La saturación del puerto de Arica demuestra que Bolivia necesita implementar una Gestión Integral de Riesgos (GIR) efectiva y responsable en todas sus instituciones y procesos de modo que el Gobierno pueda anticipar, modelar escenarios, coordinar con actores externos y activar protocolos antes de que el daño ocurra. Si el Estado adopta esta cultura de prevención, y la convierte en política pública permanente, podrá evitar que problemas operativos se transformen en crisis económicas y proteger la continuidad del comercio exterior, la producción y el bienestar de la población.
La estabilidad cambiaria no depende de controles, sino de confianza. Y esa confianza exige resolver, con seriedad y anticipación, los problemas logísticos que hoy limitan la capacidad del exportador de sostener el flujo de divisas. Si estos cuellos de botella persisten, la menor oferta de dólares amplificará cualquier presión alcista sobre la cotización, encarecerá costos internos y erosionará la credibilidad del régimen cambiario.

El autor es economista.

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