Un informe presentado a la comisión legislativa que investiga el caso de las 31 maletas establece que el equipaje ingresó a Bolivia en una aeronave operada por una empresa diferente a la que había recibido la autorización para realizar el vuelo desde Estados Unidos.
El documento elaborado por el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, señala que el permiso correspondía a Southern Cross Aircraft LLC para una aeronave Gulfstream G-550 con matrícula N585JC. Sin embargo, las valijas llegaron al país en un avión operado por Proflite LLC.
El reporte también indica que ninguna de las dos empresas aparece registrada en el Sistema Único de Modernización Aduanera de la Aduana Nacional, aspecto que forma parte de las observaciones incorporadas a la investigación legislativa.
El senador de Libre, Leonardo Roca, cuestionó que la diferencia entre la empresa autorizada y la que finalmente realizó el traslado no haya sido advertida por las autoridades aeronáuticas. Según señaló, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) debieron detectar la modificación y activar los controles correspondientes antes o durante el ingreso de la aeronave.
El informe además incluye otros hechos relacionados con el traslado del equipaje. Entre ellos, menciona que el 29 de noviembre de 2025, cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Viru Viru, un enlace de la Policía Federal de Brasil alertó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) sobre el supuesto traslado de maletas con dinero que podría estar destinado al pago de droga.
De acuerdo con el documento, esa información fue transmitida al ayudante del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pero no se habría registrado ninguna intervención posterior.
Otro punto observado es la participación de Bruno Sánchez, identificado como representante del vuelo y encargado de entregar las maletas a la Aduana bajo la figura de equipaje rezagado. El informe sostiene que su nombre no figura entre los pasajeros ni como integrante de la tripulación de la aeronave.
Roca también cuestionó este aspecto y señaló que la persona que entregó el equipaje no formaba parte del listado oficial de ocupantes del vuelo.
La investigación establece además que las maletas fueron retiradas el 3 de diciembre por la exdiputada de Creemos, Laura Rojas, quien utilizó un pasaporte diplomático que, según el informe, había sido anulado 20 días antes. Ante esta situación, el senador sostuvo que la Cancillería y el Ministerio de Gobierno, a través de Migración, deben explicar por qué el documento no generó alertas durante el control correspondiente.
El caso de las 31 maletas se originó el 29 de noviembre de 2025, cuando Laura Rojas llegó a Santa Cruz en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos. Según la Cancillería, la exlegisladora presentó un pasaporte diplomático cancelado el 13 de noviembre, lo que presuntamente permitió evitar el control aduanero del equipaje.
Posteriormente, las valijas fueron trasladadas desde el aeropuerto hasta un galpón de una empresa de seguridad. El 20 de enero, un operativo antinarcóticos encontró en ese lugar 79 kilos de marihuana. (Con información de agencias)