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El futuro se anuncia, el presente apremia y el pasado pesa

Antonio Vargas Ríos

El Gobierno habla de leyes estructurales y acuerdos nacionales. El problema no está en la falta de anuncios, sino en su distancia de los hechos. No hay aún una arquitectura de gobierno: hay planos dispersos, decisiones parciales y una obra que no comienza.
En febrero, el ministro de la Presidencia anunció cuatro leyes —inversiones, hidrocarburos, energía y minería— para el primer semestre. En abril, el presidente afirmó que el paquete llegaría a la Asamblea «en pocos días». Concluyó el semestre y los proyectos crecieron: primero fueron diez y ahora se habla de hasta doce. Recién en julio comenzaron las reuniones con las bancadas para acordar su tratamiento.
El Gobierno atribuye la demora a los 53 días de conflicto y a la revisión técnica de los proyectos. Ambas razones pueden ser válidas, pero no convierten el retraso en gradualidad. Una reforma gradual avanza por etapas; una reforma demorada permanece en el anuncio. Hasta ahora, solo la Ley de Electricidad habría llegado al CONAPES.
Algo semejante ocurre con los combustibles. El Ejecutivo congeló los precios por seis meses y destinó recursos públicos a cubrir la diferencia entre el costo de importación y el precio interno. El vicepresidente calificó la medida como una forma de patear la crisis hacia adelante y como un retroceso. No es una discrepancia secundaria: una autoridad sostiene la medida y otra afirma que nada resuelve.
Mientras tanto, YPFB sitúa la normalización del abastecimiento a finales de julio. Transportistas pasan días en los surtidores; cañeros advierten que una cosecha histórica puede detenerse por falta de diésel. El Gobierno abrió la importación privada, atribuyó la escasez a problemas logísticos y no precisó cuándo terminarían las filas.
También la relación con los sindicatos parece moverse sin un hilo visible. El 19 de junio, después de cincuenta días de conflicto, el Gobierno firmó con la COB un acuerdo basado en el diálogo y el consenso. Menos de un mes después, el decreto 5654 eliminó los descuentos automáticos de aportes sindicales por planilla.
La medida puede defenderse como libertad individual o interpretarse como un intento de modificar la relación de fuerzas con las dirigencias. Abre un nuevo frente cuando necesita tranquilidad social para impulsar sus reformas. El magisterio la calificó como un «golpe bajo» y anunció que continuará movilizándose.
Cada decisión puede encontrar una explicación. Congelar precios compra tiempo. Conversar con las bancadas busca votos. Presentar las reformas una a una reduce resistencias. Cambiar los aportes sindicales altera capacidades de presión. Pero una suma de movimientos no constituye una estrategia. Para que exista debe advertirse una relación entre objetivos, medios, secuencia y resultados. Eso es justamente lo que todavía no aparece.
El Gobierno parece administrar cada problema cuando se vuelve urgente. Responde al bloqueo, después a las filas; anuncia las leyes, después acuerda cómo tratarlas; pacta con los sindicatos y luego modifica una de sus fuentes de financiamiento. Más que conducir los acontecimientos, procura alcanzarlos.
Un plano no es una obra. Puede mostrar el edificio futuro y calcular columnas, pero no demuestra que existan materiales, trabajadores ni dirección de obra. El futuro se anuncia, el presente apremia y el pasado pesa. Y entre los tres tiempos, la ausencia estratégica se ha convertido en el dato más concreto del Gobierno.

El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.

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