La Fiscalía informó que todavía no definió la fecha para citar al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, dentro del proceso por los daños ocasionados durante los 53 días de bloqueos, iniciado tras una denuncia del Ministerio de Gobierno.
El fiscal, Walter Lora, explicó que la convocatoria del dirigente sindical dependerá del avance de la investigación y de la evaluación que realicen la comisión de fiscales y los investigadores asignados al caso. Señaló que por el momento no existe una fecha establecida para su declaración, debido a que consideran que aún no corresponde fijarla.
Dentro de este proceso, abierto por los daños y perjuicios generados durante las movilizaciones registradas entre mayo y junio, la Fiscalía identificó a seis personas como investigadas. Entre ellas se encuentran Argollo, el dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, el dirigente campesino de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, y el senador suplente, Nilton Condori.
Lora precisó que actualmente dos de los investigados ya fueron sometidos a medidas cautelares. Apaza recibió detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, mientras que Salazar fue enviado al centro penitenciario de Chonchocoro por el mismo periodo, luego de una decisión judicial dentro de la causa.
El representante del Ministerio Público aclaró que, pese a que Argollo y Condori están incluidos en la investigación, ambos no cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. Recordó que una orden emitida anteriormente contra el dirigente de la COB fue dejada sin efecto tras una Acción de Libertad, en el contexto de los intentos por abrir espacios de diálogo durante el conflicto.
Asimismo, la Fiscalía descartó que el expresidente Evo Morales forme parte de los investigados en este expediente, pese a que desde el Gobierno se lo señaló públicamente como uno de los actores vinculados a las protestas.
Los bloqueos, que se extendieron por más de siete semanas, fueron impulsados por la COB, sectores campesinos de la organización Túpac Katari y otros grupos afines a las movilizaciones. Las medidas de presión derivaron en afectaciones económicas y productivas, con pérdidas reportadas por sectores involucrados durante el periodo de conflicto. (EL DIARIO y agencias)