Tras una serie de dimes y diretes, autoridades del gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) activaron el diálogo para atender las demandas planteadas por el Órgano Judicial, luego de que los magistrados advirtieran con iniciar un paro escalonado si no se atendían sus principales requerimientos, entre ellos un incremento del presupuesto.
“Hay predisposición del Ejecutivo de atender las demandas que tenemos como órgano del Estado, pero también hay la predisposición de nosotros de poder solucionar esto en base a una ruta crítica que primero había que agotar la vía del diálogo. Ese diálogo se está dando y va a alcanzar las soluciones para poder fortalecernos”, dijo el presidente del TSJ Romer Saucedo en conferencia de prensa.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo señaló que, en el marco de la política de diálogo impulsada por la administración del presidente Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con las máximas autoridades del TSJ.
Indicó que, sobre la base de los planteamientos formulados por el Órgano Judicial, trabajó junto con Saucedo para encaminar una solución a las demandas.
“Sobre la base de planteamientos que le han hecho al Órgano Ejecutivo, hemos trabajado (…) estamos encaminados a resolver esto. Se derivarán estas decisiones a los ministerios que correspondan”, informó Oviedo en conferencia de prensa.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que se instalarán mesas técnicas con el Ministerio de Economía para cuantificar los requerimientos y evaluar la posibilidad de un incremento presupuestario.
El lunes, las principales autoridades del Órgano Judicial ofrecieron una conferencia de prensa en la que se advirtió que el sistema de justicia podría ingresar a un paro nacional escalonado si el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no atendían, en un plazo de 20 días, sus principales demandas institucionales. Entre ellas figuran una asignación presupuestaria equivalente al 5% del Presupuesto General del Estado (PGE) y la aprobación de proyectos de ley destinados a modernizar la administración de justicia.
Ese mismo día, el vocero presidencial José Luis Gálvez calificó el anuncio de paro de «inaudito» y «reprochable» y sostuvo que el debate debe centrarse en la reforma judicial.
Al día siguiente, en un acto realizado en la localidad cruceña de Buena Vista, Saucedo respondió a Gálvez y afirmó: “A los magistrados nos sobra lo que a su gobierno le falta”,
Además, preguntó: «¿Quiénes son los responsables?» de la actual situación y respondió: «Los políticos».
El ministro de Economía José Gabriel Espinoza afirmó ayer que el pedido del Órgano Judicial de incrementar en un 5% su presupuesto es difícil de atender debido a la falta de recursos.
“Hoy por hoy nos plantea una discusión difícil de responder (…) Si le subo 5 % de presupuesto a quien le quito, porque hoy día los recursos son escasos y hay que ser absolutamente claros”,
Espinoza sostuvo que el debate no debe limitarse al incremento presupuestario, sino que también debe abordar el destino de esos recursos y el rumbo de la justicia boliviana. (Brújula Digital)
