Amenaza de paro judicial es calificada como un chantaje

Tras el anuncio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, sobre un posible paro judicial escalonado en caso de que no se atiendan las demandas presupuestarias del Órgano Judicial, la diputada por la alianza Libre, Lissa Claros, exigió dejar de “chantajear” y se trabaje de forma coordinada por una verdadera justicia independiente.
En conferencia de prensa, la legisladora representante del departamento de Potosí llamó a autoridades judiciales a deponer actitudes de confrontación y coordinar con otros Órganos del Estado en trabajar por una justicia transparente e independiente, tal como la población exige.
Señalando que el sistema de justicia nacional es actualmente una de “las instancias más corruptas”, Claros exigió que no se condicione el normal funcionamiento del sistema judicial a la atención de demandas, sino a las necesidades de la ciudadanía.
“En vez de estar amenazando con paros y otras medidas de presión, trabajemos. Ellos mismos han admitido que respondían a llamaditas y favores políticos. Dejemos de lado este tipo de discursos que perjudican a una ciudadanía que espera respuestas”, sostuvo.
Según Claros, las demandas de autoridades judiciales pueden ser atendidas y resueltas por la vía del diálogo; sin embargo, es preciso que desde el Órgano Judicial se den señales de que se trabaja por un cambio beneficioso para el país y la población.
“Vamos a responder a las peticiones que están haciendo, pero también les vamos a pedir que estén a la altura de la población, sacando a los ‘narcojueces’, a los ‘narcofuncionarios’ y limpiando el sistema judicial de aquellas logias de corrupción que han venido operando”, añadió Claros, haciendo referencia al reciente escándalo por la supuesta injerencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en un millonario litigio judicial en el país.
“Bolivia no necesita amenazas ni chantajes”, dijo.
Ayer, luego de haber advertido con paralizar la administración de justicia, inicialmente por 24 horas, si el Gobierno y el Parlamento no atienden demandas por asignaciones presupuestarias, el presidente del TSE, Romer Saucedo, exigió respuestas a los proyectos de ley presentados para mejorar el servicio de la justicia boliviana.
“Si esto da resultado no es necesario que lleguemos a medidas de presión”, afirmó Saucedo.