Rodrigo ya no tiene chance para no aplicar la ley

Estamos de acuerdo con que un Estado democrático se mide por su capacidad de mantener el orden, por la capacidad de generar condiciones de convivencia entre sus distintos actores sociales y no solo por la coexistencia. Es garantizar el orden, la libre circulación y el tránsito del comercio nacional e internacional. “La tranquilidad no debe ser un estado de excepción”, del que dependan todos quienes trabajamos para construir un mejor país.
Los cincuenta días de bloqueo y tortura que hemos vivido los bolivianos, resultado de la indefinición del gobierno timorato, pudo ser un problema evitado desde el día uno, pero prefirió dejar que la salida, no la solución, la planteara la presión, la bronca del pueblo por el hambre y la miseria en la que se debate tras veinte años de sistemático asedio a todo sentido de justicia, orden y progreso.
Ese tiempo perdido no fue gratis, hubo medio centenar de jornadas inciertas, sin respuestas claras, sin acciones efectivas y sin liderazgo para desarticular un esquema que el mismo gobierno ha identificado como narco-subversivo, que todos sabemos opera desde Chapare al mando de Evo Morales, poniendo en plena evidencia una total falta de liderazgo, que derivó en la impunidad de quienes atentan contra la vida y la libertad, los mayores bienes protegidos por la Constitución Política del Estado. Impunidad para quienes dejaron policías heridos de bala y más de una decena de muertos.
Esta salida transitoria es resultado de la indignación ciudadana que llegó a un punto crítico, no es logro del mentado “diálogo, diálogo” con el que nos hastió el gobierno, porque se agotó la paciencia, nos estremeció el hambre de la gente que soportó escasez, precios alterados y falta de certezas durante cincuenta días que no deben repetirse. Por eso, necesitamos un gobierno firme, decidido, responsable con la confianza que le dio el pueblo y que hoy se mueve al filo del destierro político.
“Bolivia, Bolivia, Bolivia; cincuenta, cincuenta, cincuenta, el Lara más que voile”, el estribillo que se viralizó en todas las redes sociales, para unos jocoso y para otros hilarante, no es otra cosa que la mayor expresión de la bronca y desesperación de un pueblo abandonado a su suerte por la falta de determinación de un gobierno que apostó por la indefinición y un extraño acuerdo con una Central Obrera que ya no representa a los trabajadores, sino a sindicalistas parasitarios, verdugos del pueblo.
El presidente Rodrigo Paz debe saber que cuando el gobierno no responde con firmeza y claridad, la confianza se rompe y el margen de maniobra se reduce al mínimo. Paz y sus ministros han llegado a este término, otro conflicto social que comprometa la democracia y el desacato al actual estado de excepción no tendría otra salida que un cambio de gobierno. No le aguantarían ni tres días más como presidente.
La pérdida de confianza ya es devastadora para la democracia, mientras que las pérdidas cuantificables son brutales, se estima, por lo menos 2.500 millones de dólares en afectación al transporte, importaciones y comercio interno. Cada día de bloqueo es una cadena de producción rota, camiones parados, productos que se pudren, contratos que se caen y empleos que desaparecen. Ese dinero no vuelve.
Quienes bloquearon al país durante cincuenta días deben responder ante la justicia. No se trata de venganza, sino de precedente frente al abuso y la violencia con la que privaron de alimentos, medicamentos y una larga lista de insumos. La impunidad frente a hechos de esa magnitud solo invita a que se repitan.
Tras este tortuoso trance el país no resistiría otra medida errática, ni otros cincuenta días de dudas e ineptitud; la lección es clara, sin lugar a interpretaciones. La excepción no puede volverse rutina, las decisiones deben ser tomadas a tiempo y la justicia debe ser igual para todos, el costo de la inacción no lo volverá a pagar la sociedad.
Si el gobierno ignora esa señal, estará probando un límite que la población ya dijo que no tolerará de nuevo.