El diputado de la alianza Libre, Edgar Zegarra, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Túpac Katari a quienes atribuye responsabilidad en los más de 50 días de bloqueos registrados en el país, medidas que provocaron perjuicios a la población, desabastecimiento y afectación a derechos fundamentales.
El legislador informó que la acción penal alcanza al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo; a David Mamani y a otros dirigentes vinculados a las movilizaciones. La denuncia fue presentada en dependencias de la Fiscalía, donde Zegarra sostuvo que los bloqueos generaron “luto y dolor” en la población boliviana.
De acuerdo con el diputado, las medidas de presión no solo interrumpieron la libre circulación, sino que también afectaron el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, por lo que pidió que el Ministerio Público investigue los hechos y establezca responsabilidades penales.
Zegarra señaló que la querella solicita investigar presuntos delitos de terrorismo, atentado contra la salud pública, atentado contra la libertad de circulación y otros tipos penales que, a su criterio, estarían vinculados con los efectos de los bloqueos prolongados en distintas regiones del país.
“Nos han tenido desabastecidos, no han dejado pasar alimentos ni medicamentos. No vamos a negociar la impunidad; aquí se tiene que cumplir la ley y esta gente debe ser sancionada”, afirmó el legislador, al momento de justificar la acción penal.
El caso vuelve a poner en el centro de atención al dirigente cobista Mario Argollo, quien ya había sido denunciado anteriormente por su presunta participación en la promoción de las medidas de presión. Incluso, semanas atrás se informó sobre una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, a fines de mayo, la Fiscalía comunicó que las órdenes de aprehensión contra Argollo y contra Vicente Salazar, dirigente de la Federación Túpac Katari, quedaron sin efecto en medio del conflicto social.
La determinación generó cuestionamientos desde sectores políticos que exigían avanzar con los procesos judiciales contra los responsables de los bloqueos.
Posteriormente, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez, aclaró que los mandamientos de aprehensión no fueron suspendidos de manera definitiva. Explicó que estos podrían ser reactivados si el Ministerio Público corrige las observaciones realizadas por el juzgado que concedió la acción de libertad a favor de ambos dirigentes.
Con la nueva denuncia, Zegarra busca que la Fiscalía retome la investigación contra los dirigentes señalados y avance en la identificación de responsabilidades por los daños ocasionados durante más de 50 días de bloqueo.
El legislador insistió en que las medidas de presión no pueden quedar impunes cuando afectan la salud, la alimentación, la seguridad y la movilidad de la población.