Efrain Garcia, del canal Yotube EDI TV BOLIVIA
La crisis que atraviesa Bolivia ya no puede entenderse únicamente como una sucesión de conflictos sociales para el comunicador y analista político Johnny Nogales, quien considera que el país ha ingresado en una etapa mucho más delicada, donde la presión de grupos movilizados comienza a reemplazar los mecanismos propios de la democracia y pone en riesgo derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
La protesta es un derecho reconocido en toda democracia, pero deja de ser legítima cuando anula los derechos de los demás. A su juicio, el desabastecimiento de alimentos en La Paz y El Alto, la interrupción del traslado de enfermos y medicamentos, la suspensión de actividades escolares y la paralización de la vida cotidiana muestran que el país atraviesa una situación que supera ampliamente un conflicto sectorial.
Nogales afirma que ninguna reivindicación puede justificar el bloqueo del abastecimiento, la restricción de la libre circulación o la interrupción de servicios esenciales.
Recuerda que la Constitución garantiza el derecho al trabajo, la libre locomoción y la protección de la vida, derechos que hoy se ven afectados por movilizaciones que ya dejan víctimas fatales y un profundo deterioro social.
Sin embargo, considera que la responsabilidad no recae únicamente en los sectores movilizados. También cuestiona al Gobierno por haber instalado la presión como mecanismo de negociación.
Recuerda que, frente a distintas protestas, el Ejecutivo retrocedió en decisiones como el Decreto 5503 o la Ley 1720, enviando el mensaje de que la presión logra modificar las políticas públicas.
En el plano económico, el analista sostiene que Bolivia enfrenta una doble crisis. A la difícil situación heredada de los últimos años se suman más de seis semanas de bloqueos que han paralizado gran parte de la actividad productiva.
Uno de los sectores más afectados es el transporte pesado, con miles de camiones detenidos dentro y fuera del país, pérdidas económicas millonarias y graves incumplimientos de contratos internacionales que afectan la credibilidad de Bolivia como socio comercial.
Nogales recuerda que cerca del 85% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal.
Para ese enorme grupo de bolivianos, cada día de bloqueo significa dejar de generar ingresos para sostener a sus familias, agravando una crisis económica que ya era compleja antes de las movilizaciones.
En el ámbito político, plantea que el país necesita decisiones estructurales y no soluciones coyunturales. Considera indispensable modificar parcialmente la Constitución para reducir el excesivo intervencionismo estatal y crear condiciones que permitan atraer inversiones.
Asimismo, sostiene que muchas empresas públicas se han convertido en una pesada carga para las finanzas nacionales, sin generar los resultados esperados.
El analista destaca que la aprobación de leyes estratégicas, especialmente en materia de hidrocarburos e inversiones, resulta fundamental para recuperar la confianza de los inversionistas y enfrentar la crisis energética que amenaza al país. Advierte que sin un nuevo marco legal será imposible atraer capitales o garantizar el abastecimiento futuro de combustibles y gas.
Otro aspecto que preocupa a Nogales es la creciente debilidad de las instituciones democráticas. Señala que el Estado dialoga prioritariamente con organizaciones capaces de ejercer presión mediante bloqueos, mientras millones de ciudadanos que cumplen la ley permanecen sin representación efectiva. La voz de los ciudadanos parece no tener el mismo peso que la de quienes paralizan el país.
Como alternativa, plantea fortalecer las autonomías regionales para otorgar mayor capacidad de decisión a gobernaciones y municipios, reduciendo la excesiva concentración del poder.
No obstante, reconoce que el desafío inmediato sigue siendo recuperar la estabilidad institucional, aprobar las reformas económicas urgentes y garantizar el funcionamiento del Estado.
Para Nogales, Bolivia enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La salida, sostiene, pasa por reconstruir la institucionalidad democrática, restablecer el Estado de derecho y adoptar decisiones políticas de fondo que permitan recuperar la economía antes de que la crisis continúe profundizándose.
