Tras la declaratoria de estado de excepción, medida dispuesta para poner fin a los bloqueos después de cincuenta días paralizando el país, con mayor fuerza en las ciudades de La Paz y El Alto, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que la liberación de carreteras era necesaria para que los bolivianos dejen de ser rehenes de medidas de presión y retomen sus actividades con normalidad.
“La aplicación del estado de excepción es para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, sostuvo el primer mandatario a través de sus redes sociales, después de anunciar la firma del Decreto Supremo 5636, en el que se dispone la declaratoria de estado de excepción.
Asimismo, precisó que la medida no pretende quitar la normalidad, sino devolverla, siendo absolutamente necesario para ello, despejar las vías que fueron bloqueadas por grupos radicales con fines políticos.
“Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe. Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”, agregó la autoridad.
La madrugada del sábado, Paz y su gabinete decretaron estado de excepción en todo el territorio nacional, medida dispuesta para proteger a la población, devolviéndole derechos y libertades, pero sobre todo para frenar un intento de golpe de Estado promovido por el narcoterrorismo contra un Gobierno democráticamente electo.
El decreto fue promulgado después de haberse agotado todas las instancias de diálogo con varias organizaciones sociales con las que se arribó a acuerdos y compromisos, mientras otras persisten en seguir bloqueando bajo lineamientos provenientes de la región del Chapare.
“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un Gobierno constituido, y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo, contra un Gobierno democráticamente elegido”, dijo Paz durante un mensaje a la nación.
Tal como el Gobierno lo advirtió en muchas ocasiones, el órgano Ejecutivo hace uso de sus prerrogativas constitucionales al declarar estado de excepción ante la negativa de grupos de bloqueadores para dialogar.
“Tenemos que estar claros y no dudaré que desde el Chapare se ha convertido el bloqueo, la confrontación y el daño económico en herramientas de acción política. Es una estructura que no acepta la voluntad popular expresada en las urnas, una estructura que no acepta que Bolivia avance por un camino distinto”, aseveró el mandatario.
Los artículos 137 al 141 de la Constitución Política del Estado (CPE), validan esta medida excepcional con el respaldo de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, promulgada en junio de 2026, que reglamenta este recurso legal y que se aplica en caso de “amenaza externa, conmoción interna o desastre natural”.
“Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental: este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente, es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente, es una obligación de proteger a la población, de defender la democracia, de defender la Constitución, la obligación de garantizar que ningún grupo minoritario pueda someter a toda una nación, la obligación de cooperar entre bolivianos”, justificó la autoridad, puntualizando que durante más de 50 días de bloqueo, los bolivianos y el Gobierno actuaron con paciencia, prudencia y voluntad de diálogo.
Presidente Rodrigo Paz
Los bolivianos no podían seguir siendo rehenes de bloqueadores
> El estado de excepción no pretende quitar la normalidad, sino devolverla, siendo absolutamente necesario para ello, despejar las vías que fueron bloqueadas por grupos radicales con fines políticos.
- Advertisment -
