Daño a la población no quedará en la impunidad

Asegurando que el diálogo que se sostenga con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) será claro y responsable, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, negó que las negociaciones para pacificar el país terminen beneficiando con impunidad a los responsables de todo el daño provocado a la población y la economía nacional.
“Estamos esperanzados en que este diálogo sea fructífero, sin embargo, queremos ser muy claros de que un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley. Por tanto, tampoco podemos establecer temas que vayan a dar impunidad a quienes hayan cometido delitos y a quienes hayan hecho actos que están reñidos con la ley y que están siendo procesados”, apuntó la autoridad en declaraciones a la prensa.
La dirigencia de la COB y la Federación Túpac Katari condicionaron el diálogo con el Gobierno a que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sea “garante” de los dirigentes sindicales y miembros de esas organizaciones que fueron detenidos durante los días de bloqueo por la comisión de algún delito. También pidieron “amnistía general” para todos los detenidos.
Ante ello, Lupo informó que el fiscal general estuvo presente en la primera jornada de diálogo entre el Gobierno y la COB, pero la autoridad también fue muy clara al señalar que se debe “respetar la independencia de poderes”; en consecuencia, se analizará “caso por caso” la situación de cada aprehendido.
“Esto significa que puede haber gente que haya sido arrestada durante una manifestación y ahora puede ser liberada, aunque otros han sido ya aprehendidos o tienen medidas cautelares, lo que hace necesario analizar cada caso”, complementó.
El ministro de la Presidencia recordó que, con antelación, el Gobierno dejó establecido que no era posible un diálogo que viabilice pedidos antidemocráticos como la renuncia del presidente constitucional Rodrigo Paz. “Claramente eso estaba reñido con la democracia y no era posible instalar ningún tipo de diálogo”, recordó.
Asimismo, informó que tampoco podía atenderse el pedido de amnistía general. “No estamos cediendo a estas peticiones, solo estamos estableciendo las condiciones para negociar todo aquello que no esté reñido con la ley, ni con la democracia, que sea atendible y que sea económicamente posible. Eso es lo que se está atendiendo”, aseguró.
Esta semana, cuestionado que la dirigencia de la COB haya tratado de imponer una serie de condiciones para dialogar y levantar sus medidas de presión, legisladores rechazaron la posibilidad de que los responsables por todo el daño provocado a la economía del país y la vida de la población, queden en la impunidad.
En criterio de la diputada por la alianza Unidad, Daniela Cabrera, ante la posibilidad de que autoridades de gobierno y los sectores movilizados logren acuerdos que permitan pacificar el país, señaló que es importante impedir que parte de estos pactos incluyan alguna forma de indulto para quienes generaron daño económico, violencia y muerte con sus movilizaciones.
“No puede quedar en la impunidad todo el daño y las muertes provocadas por los bloqueos, se deberá hacer una investigación en las instancias que corresponde. Además, el chantaje no es una opción, como cualquier ciudadano los dirigentes deben someterse a procesos, hay gente aprehendida que debe responder como corresponde”, sostuvo.
En esa línea, el diputado paceño Carlos Alarcón rechazó cualquier posibilidad de que los dirigentes responsables del actual “desastre humanitario y económico derivado de un bloqueo criminal” queden en la impunidad.
Lupo justificó la posición gubernamental sobre el pedido de las organizaciones movilizadas, explicando que todo el sufrimiento que ha vivido el pueblo alteño y paceño durante los días de bloqueo, “deben tener responsables” y éstos tienen que “dar la cara ante la ley”.
“Ha habido situaciones donde se ha abusado de gente, donde se ha herido seriamente a un policía, se han cometido actos de destrucción de propiedad pública y privada, se ha privado del paso de ambulancias, de oxígeno, donde ha habido fallecidos y, claramente, este tipo de temas no pueden ocurrir en Bolivia (…). Va a ser un diálogo responsable, que realmente pacifique el país, pero que, claramente establezca responsabilidades de lo que ha ocurrido”, explicó.
Sobre algunos cuestionamientos al Gobierno por la peligrosidad de acceder a los condicionamientos de la COB, Lupo puntualizó que el presidente Rodrigo Paz no cogobernará con la Central Obrera las decisiones para poner en vigencia leyes, decretos, negociaciones con organismos internacionales y otras acciones, tomando en cuenta que estos temas son potestad exclusiva del Ejecutivo.
“El Gobierno ha sido electo democráticamente y tiene la responsabilidad de gobernar. Esto significa emitir normas, emitir decretos, tener negociación con organismos internacionales, ser responsable en el tema de las pensiones, en el manejo de precio de los carburantes. Esa es una potestad del Gobierno”, dijo.
La autoridad indicó que cualquier organización que quiera gobernar Bolivia, incluyendo la COB, tiene que participar en un proceso electoral, presentar un programa de gobierno y ganar los comicios; por tanto, no es posible un cogobierno y menos plantearlo como una “exigencia”.
Además, recordó que la normativa vigente establece canales de participación ciudadana y social en las instancias institucionales donde se elaboran y aprueban leyes. Por ejemplo, las leyes (según la Constitución Política del Estado) deben ser socializadas adecuadamente con las organizaciones sociales.