Cívicos cruceños exigen acción estatal y castigar a bloqueadores

El Comité pro Santa Cruz pidió al Gobierno nacional asumir acciones efectivas para garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación en el país, en medio de la crisis provocada por los bloqueos de carreteras que se prolongan desde 49 días y que afectan a sectores productivos, transportistas, comerciantes y empresas vinculadas al movimiento de pasajeros y carga.
La posición fue expresada por el presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, quien advirtió que la paralización de rutas está generando un impacto cada vez más profundo en la economía nacional. Según el dirigente, miles de personas que dependen de actividades formales e informales se encuentran perjudicadas por la falta de transitabilidad en distintos puntos del país.
Cochamanidis dijo que Bolivia atraviesa una situación crítica debido a la persistencia de las medidas de presión. Señaló que la interrupción del tránsito no solo golpea al transporte interdepartamental, sino también a productores, comerciantes, trabajadores por cuenta propia y familias que necesitan movilizarse para cumplir sus actividades diarias.
El dirigente cívico cuestionó que, pese a la magnitud del conflicto, los bloqueos continúen afectando a ciudadanos que nada tienen que ver con la disputa política que originó las protestas. Afirmó que en las carreteras permanecen varadas miles de personas, mientras distintos sectores económicos enfrentan pérdidas por la imposibilidad de trasladar productos, insumos y pasajeros.
En ese contexto, el Comité pro Santa Cruz expresó su preocupación por la situación de las empresas que operan en la Terminal Bimodal, donde el movimiento de buses y pasajeros se vio reducido por la falta de salidas hacia distintas regiones del país. La afectación también alcanza a choferes, ayudantes, comerciantes, operadores de carga, vendedores y otros trabajadores que dependen de la actividad diaria de esa infraestructura.
Cochamanidis remarcó que el país no puede permanecer paralizado por intereses políticos y pidió que las autoridades prioricen a la población que necesita trabajar. Lamentó que la ciudadanía no puede continuar sometida a bloqueos que impiden el abastecimiento, frenan la producción y restringen derechos básicos.
El presidente cívico aseveró que la responsabilidad de restablecer la circulación en las carreteras corresponde al Gobierno central. En su criterio, el Estado debe garantizar condiciones mínimas para que las personas puedan trasladarse, trabajar y desarrollar sus actividades sin ser perjudicadas por medidas de presión.
Asimismo, planteó que las autoridades deben actuar frente a quienes mantienen cerradas las vías y provocan daños económicos y sociales en diferentes departamentos. Indicó que no basta con observar la situación, sino que se requiere una respuesta institucional que permita devolver normalidad a Bolivia.
El Comité pro Santa Cruz insistió en que el derecho al trabajo y la libre transitabilidad deben ser protegidos por el Estado, especialmente cuando la continuidad de los bloqueos amenaza la estabilidad de familias, empresas y sectores productivos.
La entidad cívica advirtió que la prolongación del conflicto profundiza el desabastecimiento, encarece los costos de transporte, limita el movimiento comercial y agrava la situación de miles de ciudadanos que dependen del flujo normal de las carreteras para sostener sus ingresos.
Los cívicos señalaron que, tras 49 días de bloqueos, la crisis dejó de ser un problema sectorial y pasó a convertirse en una emergencia nacional, por lo que demandaron al Ejecutivo garantizar rutas expeditas y aplicar la ley contra quienes impiden la circulación en el país. (Santa Cruz, agencias)