Comisión apunta a funcionarios de la actual y pasada gestión

Luego que la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aprobó su informe final, el diputado por la alianza Unidad, Pablo Ernesto Ávila, informó que el estudio identificó posibles responsabilidades en alrededor de 50 funcionarios de la presente y la pasada gestión.
El parlamentario representante del departamento del Beni, en su calidad de vicepresidente de esta comisión, explicó que detalles como los nombres, cargos, grados de responsabilidad y participación, se conocerán una vez que el pleno de la Cámara Baja analice el informe remitido a esta instancia para su tratamiento, además que, tras su posible aprobación, se compartirá el contenido del estudio con toda la ciudadanía.
Ávila también detalló que la investigación identificó a funcionarios, tanto de la actual como de la pasada gestión, posiblemente vinculados con el proceso de compra, internación y venta en territorio nacional de la gasolina desestabilizada que, meses atrás, generó grandes daños al parque automotor boliviano.
“Se han puesto nombres específicos de gente que creemos es responsable, lo que vaya a hacer la Fiscalía, la Policía y el Ministerio Público, lo dejamos en su criterio. Nuestro rol era hacer la investigación para determinar los problemas ocasionados y lo que había pasado en cuanto a este tema”, sostuvo.
El legislador recordó que, en las primeras denuncias se hacía referencia de al menos treinta personas implicadas, con la investigación realizada por la comisión especial y los avances de la Fiscalía, suman algo más de cincuenta funcionarios con distintos grados de participación en el hecho.
El jueves, la presidenta de la Comisión Especial de Investigación para esclarecer las recientes denuncias de presuntos actos de corrupción atribuidos a YPFB, Ximena Arispe, había informado sobre el final del trabajo investigativo y la aprobación del informe final sobre este caso.
“Al día de hoy, en base a las tres denuncias analizadas, superamos los 50 funcionarios involucrados, a los que se suman otros que han sido identificados”, precisó la legisladora.
Arispe también explicó que la información, luego de su análisis en sesión plenaria, será remitida al Ministerio Público para que se investigue a los presuntos responsables, quienes formarían parte tanto del personal de YPFB como de otras instancias relacionadas con su labor.
Otro miembro de esta comisión especial, la diputada Katherine Pinto, reiteró que, desde las primeras denuncias presentadas respecto a este tema, ya se había identificado a un importante número de funcionarios con cierto grado de participación en la adquisición de gasolina desestabilizada, por lo que el trabajo de la comisión consistió inicialmente en verificar y ampliar las pesquisas.
“El informe entregado debe ser aprobado o rechazado por los colegas de la Cámara Baja. Los funcionarios observados principalmente pertenecen a YPFB por haber sido encargados de todo el tema, que existen distintos grados de jerarquía”, añadió.
En criterio de Pinto, de momento es necesario guardar cautela al referirse al tema, por lo que se ha pedido a todos los miembros de la comisión esperar que los datos del informe final sean puestos a conocimiento del pleno de Diputados antes de revelar nombres y otro tipo de información sensible, esto para evitar entorpecer el accionar de otras instancias que también trabajan al respecto.
“Todos los datos han sido recabados de forma técnica y responsable y así se ha presentado el informe final a la Asamblea para su tratamiento. Según este trabajo minucioso realizado por la comisión, se ha detectado que ha habido fallas sobre todo en YPFB”, finalizó.
En febrero de la presente gestión, la Cámara de Diputados aprobó una declaración para la conformación de esta “comisión especial” ante todas las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la compra de combustible de empresas transnacionales atribuidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la comercialización de carburantes de mala calidad, a la que se le otorgó un plazo de 120 días para realizar dicho trabajo.
En mayo, el Ministerio de Hidrocarburos presentó una denuncia formal contra 25 exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por la distribución de gasolina contaminada. La acción legal fue interpuesta ante la justicia ordinaria para determinar responsabilidades penales y administrativas.
Los exfuncionarios habrían incurrido en presuntas irregularidades durante la gestión de calidad y control del combustible que resultó en la contaminación del carburante. El incidente afectó a cientos de vehículos en varias regiones del país, generando daños mecánicos y pérdidas económicas para los conductores.
Se señaló que la investigación se centrará en identificar a los responsables directos de la cadena de suministro y distribución, adelantando actuar con firmeza para sancionar a quienes resulten culpables y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.