La Fiscalía informó que los tres gerentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tenían conocimiento sobre la comercialización y adquisición de la gasolina “desestabilizada”, la cual fue distribuida pese a no cumplir con parámetros técnicos establecidos.
El fiscal del caso, Aldo Mendoza, señaló que la instrucción para la venta del combustible habría sido emitida desde niveles gerenciales, a pesar de que el producto contenía elementos que, según la investigación, resultan dañinos para los motores y vehículos del país.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la normativa vigente establece requisitos técnicos para la calidad del combustible; sin embargo, se habría procedido a su comercialización con conocimiento de sus condiciones, lo que generó afectaciones en el sector del transporte.
La Fiscalía indicó además que el caso involucra a distintas áreas y exautoridades de la estatal petrolera, lo que sugiere una posible participación de varios niveles dentro de la estructura institucional en la distribución del carburante observado.
En el marco del proceso, el Ministerio Público aprehendió a tres gerentes de YPFB. Uno de ellos es Carlos Cuéllar Pinto, quien ya fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Palmasola.
Los otros dos aprehendidos son Eddy Rolando Torrico Ibáñez y Nelson Alejandro Mendoza, quienes se encuentran a la espera de sus audiencias de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.
La investigación continúa en curso para establecer responsabilidades dentro de la estatal petrolera en la autorización y comercialización del combustible observado.