Luego de un trimestre de estabilidad forzada por la estanflación, el repunte del índice de inflación de mayo es solo la primera señal. Lo importante ahora es anticipar los efectos rezagados que pueden empujar una segunda oleada de aumentos de precios.
La inflación de mayo de 2026, con un índice mensual de 2,13% y una tasa interanual de 12,51%, todavía no refleja la magnitud del daño causado por el bloqueo de carreteras. Lo que hoy observamos es el impacto inmediato sobre algunos precios y en los próximos meses se verá el ajuste de costos acumulados. Esa demora en la transmisión del shock es lo que en economía se conoce como “inercia”: los precios futuros siguen cargando el efecto del presente.
Cuando el bloqueo termine, algunos precios pueden ceder por la reapertura de las carreteras y la normalización del abastecimiento, pero esta recuperación logística no elimina las pérdidas acumuladas por mercancía dañada o no vendida, interrupciones del capital de trabajo y recomposición de inventarios. Esos costos terminarán reflejándose en precios que quedarán por encima de los niveles previos al conflicto.
Por tanto, se prevé un ajuste lento. Según estimaciones basadas en episodios históricos de inflación en Bolivia, podrían pasar entre 12 y 15 meses desde la finalización del conflicto, antes de que los precios retomen una dinámica más estable.
Sin embargo, el problema no se limita al bloqueo. Antes de la interrupción de carreteras, la economía boliviana ya estaba en estanflación, con inflación elevada y caída del producto. En ese contexto, un shock de oferta resulta especialmente dañino. En una economía sana puede amortiguarse con márgenes empresariales, inventarios o capacidad ociosa, pero en una economía estanflacionaria esos colchones casi no existen y el impacto se traslada con más rapidez a los precios.
En cuanto al PIB, en el segundo semestre se podría observar un rebote estadístico por la reapertura de las carreteras. Sin embargo, la duración del bloqueo importa, cuanto más prolongado, mayores serán las pérdidas acumuladas y más débil la capacidad de recuperación. Aun así, no debería confundirse con una recuperación sólida, sino con un efecto transitorio posterior a una paralización severa.
El impacto final dependerá en gran medida de las medidas de alivio que sean adoptadas, y éstas deberían ser rápidas e inmediatas. El objetivo central tendría que ser aumentar la liquidez de las empresas y evitar cierres definitivos. En esa línea, podrían ser evaluadas reducciones temporales de impuestos para productores y prestadores de servicios, así como facilidades de crédito para exportadores, respaldadas por contratos futuros.
Incluso si el PIB muestra ese rebote, la inflación puede erosionarlo rápidamente. En un contexto de estanflación, los shocks de oferta se trasladan casi íntegramente a precios, reducen el poder adquisitivo, encarecen la producción y debilitan la inversión. El resultado es una recuperación frágil, vulnerable a la persistencia inflacionaria.
La contracción del PIB cercana al 3% proyectada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) suponía que Bolivia iniciaría un programa de ajuste estructural en el segundo semestre del año y se asumía esa fuerte contracción como el costo inicial antes de estabilizar la economía. Sin embargo, tras los resultados de mayo, el país podría acercarse a esa misma caída sin haber realizado el ajuste, solo por efecto del conflicto.
Quizás el mayor costo del bloqueo no sea la inflación inmediata, sino la postergación del ajuste que se estaba negociando con el FMI para enfrentar una crisis que ahora se profundiza. Los programas de estabilización dependen de las expectativas, requieren que la población, las empresas y los mercados perciban coherencia en las decisiones y un rumbo claro.
Si la demora en la toma de decisiones y la improvisación frente a los conflictos de mayo deterioraron la confianza en las acciones del Gobierno, incluso un ajuste bien diseñado puede fracasar. En ese caso, el país no solo cargaría con la contracción provocada por el conflicto, sino también con la pérdida de una oportunidad para encaminar una recuperación mediante una estabilización ordenada.
El autor es economista.
