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El gobierno que no gobierna

Mauricio Quiroga Arias

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 9 que uno de los fines del Estado consiste en garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las personas. Este mandato constitucional implica que, a través del aparato estatal, los gobernantes tienen el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el gobierno no gobierna, el presidente no preside y las instituciones no cumplen su rol?
“La Paz ha decretado un estado de decepción”, afirmó el politólogo Marcelo Silva, aludiendo a la indecisión del gobierno de declarar un estado de excepción. “Dialogar es una cosa y suplicar es otra”, dijo el expresidente Jorge Tuto Quiroga, ante la falta de estrategia del gobierno frente a los conflictos sociales. Aunque ambas críticas responden con lucidez a la coyuntura actual, es necesario indagar el trasfondo de un Estado que parece paralizado.
El presidente Rodrigo Paz goza de legitimidad de origen, pero carece de legitimidad de ejercicio, pues ésta debe ser ganada con hechos y no con discursos. Prometió eliminar el “Estado tranca” y, paradójicamente, aunque asegura estar reduciendo la burocracia estatal, el país –y principalmente la ciudad de La Paz– llevan más de un mes trancados. La razón principal: un gobierno no planificado es un gobierno improvisado.
Por un lado, contamos con un binomio presidencial divorciado desde la misma noche de bodas, ministros en calidad de préstamos por otros partidos políticos, diputados y senadores oficialistas que se sacaron la lotería por cinco años de gestión asegurada y, finalmente, una alarmante inexistencia de plan de gobierno. Por otro lado, contamos con estructuras de poder que, a través de dirigencias sindicales afectas a las prebendas buscan mantener el statu quo, es decir, impedir que se realicen cambios de fondo en la organización del Estado y en la estructura socioeconómica del país, y tales estructuras de poder se manifiestan en sectores tan diversos como el cocalero, el minero, el educativo y el de la salud, entre otros, donde los intereses corporativos prevalecen sobre el bien común.
En honor a la verdad, es necesario decirlo sin rodeos: Rodrigo Paz es presidente por descarte. No ganó porque su hija administraba sus redes sociales ni por recorrer más de 230.000 kilómetros en Bolivia, sino gracias a una curiosa combinación de factores. Primero, porque apeló a una campaña populista prometiendo el cielo en la tierra –salarios universales, bonos y subsidios–. Segundo, porque su vicepresidente, Edmand Lara, sí tenía un contacto genuino con la gente. Y tercero, porque el expresidente Evo Morales, en su cálculo político, apostó a que este sería un gobierno débil, sin estructura política. En resumen, no llegó por mérito propio, sino porque una serie de circunstancias lo empujaron a la silla presidencial.
No existen dos Bolivias, pese a que esa fue la retórica repetida de los últimos veinte años. Lo que sí existe son dos visiones de país, cada una con sus luces y sombras, y el presidente tiene que discernir entre lo viable y lo inviable. Para ello, debe bajarse del pedestal y construir un gobierno de pactos, coaliciones o acuerdos con los principales actores políticos, porque eso –aunque a veces se lo olvide– es la esencia misma de la democracia. Gobernar en solitario no es una opción, salvo que aspire a convertirse en esa película que empieza prometedora, pero cuyo guion se desmorona y acabas cambiándola antes del final.
El gobierno no gobierna y nosotros, los ciudadanos, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y aunque suene a cliché, si defendemos nuestro derecho al voto, debemos asumir igualmente las consecuencias de ese mismo voto. ¿Cuadra o no cuadra?

El autor es Magíster en Gestión de Gobierno y Políticas Públicas y Magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia.

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