Crisis por bloqueos requiere de firmeza constitucional

El abogado y analista Óscar Emilio Villanueva López, en entrevista con EL DIARIO, sostuvo que, frente a la crisis generada por los bloqueos en el país, el Gobierno cuenta con mecanismos constitucionales internos antes de acudir a instancias internacionales como principal salida.
Explicó que la Carta Democrática Interamericana, especialmente en sus artículos 17 al 22, contempla mecanismos de fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática; pero precisó que su alcance es principalmente diplomático.
El entrevistado remarcó, al Decano de la Prensa Nacional, que el Gobierno dispone de una herramienta central: la Constitución Política del Estado (CPE).
En ese marco, mencionó figuras como el estado de excepción, así como otras medidas normativas y administrativas que forman parte de los instrumentos que el Presidente puede utilizar para enfrentar una situación de conmoción interna.
Villanueva afirmó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya expresó su respaldo a Bolivia en defensa del orden constitucional; sin embargo, insistió en que el país no necesita únicamente acciones diplomáticas, sino decisiones internas más firmes. En su criterio, si los sectores movilizados no ceden ante los efectos humanos, sociales y económicos de los bloqueos, difícilmente modificarán su conducta por una declaración emitida desde un organismo internacional.
El analista también planteó una lectura más severa desde el derecho penal internacional. Citó el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, referido a crímenes de lesa humanidad, particularmente el inciso relacionado con “otros actos inhumanos” que causen grandes sufrimientos o afecten gravemente la integridad física o la salud.
Dijo que los bloqueos, por sus efectos sobre el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y otros bienes esenciales, podrían abrir un debate jurídico más grave, aunque reconoció dudas sobre la voluntad de aplicar esos mecanismos.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno pueda emitir órdenes de aprehensión contra dirigentes y luego levantarlas por motivos políticos o de negociación.
A su juicio, esa práctica debilita la institucionalidad democrática porque transmite el mensaje de que la presión social puede condicionar la aplicación de la ley. Recordó, en esa línea, una reflexión del analista Jaime Dunn, quien advirtió que negociar la ley equivale a utilizarla como moneda de cambio para obtener beneficios políticos.
Sobre una posible salida a la crisis, Villanueva consideró viable aplicar un estado de excepción; pero aclaró que esa figura no significa necesariamente sacar militares a las calles para ejercer violencia. Indicó que puede habilitar mecanismos de control interno, coordinados entre la Policía y las Fuerzas Armadas, para desbloquear carreteras, recuperar rutas estratégicas y restablecer el orden, sin recurrir al uso desproporcionado de la fuerza.
Finalmente, apuntó que el diálogo es el mecanismo ideal para resolver conflictos y advirtió que no puede aplicarse de manera indefinida frente a sectores que, según dijo, no muestran voluntad real de negociar y buscan un objetivo político: “descabezar” al Gobierno. Por ello, pidió investigar quién financia, organiza y sostiene las movilizaciones, además de identificar a las principales cabezas detrás de la crisis.