Sistemas de protección contra la violencia tiene limitaciones

La capacidad del sistema de protección para prevenir, atender y reparar la violencia tiene sus limitaciones, y los responsables de algunas instituciones no apoyan a las víctimas, que tienen que peregrinar para recibir atención, según el documento: Los rostros de la violencia en Bolivia.
El Estado del derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes en Bolivia confirma que la violencia no puede ser entendido únicamente como un conjunto de delitos, sino como el resultado de condiciones estructurales que impiden que la niñez ejerza sus derechos de manera integral, señala parte de las conclusiones.
Detalla que desde la perspectiva del Articulo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección es la base que permite el ejercicio de todos los demás derechos; sin embargo, a partir de los datos se manifiesta de forma desigual y fragmentada, dependiendo del lugar donde las niñas y niños nacen, del nivel socioeconómico de las familias, del apoyo emocional y de cuidado que reciben, de la presencia a ausencia de servicios en el territorio, y del reconocimiento o negación que se les hace como sujetos de derechos.
En ese contexto, los hallazgos de la revisión permiten delinear dos dimensiones centrales para comprender el estado de la protección frente a la violencia de la niñez en el país: Los grupos que enfrentan mayores patrones de desprotección y vulnerabilidad, y los vacíos estructurales y sesgos de información que limitan la capacidad del sistema de protección para prevenir, atender y reparar la violencia.
Los datos revisados revelan que la violencia no afecta de manera homogénea a todas las infancias y adolescencias, sino que se concentra en determinados grupos definidos por la interacción de la edad, género, departamento, y condiciones del entorno familiar, sostiene el documento.
En términos de edad, la revisión confirma tres momentos críticos. En primer lugar, las niñas y niños entre los 7 y 13 años concentran una alta proporción de casos de violencia sexual e incesto. En segundo lugar, entre los 14 y 17 años se incrementan los riesgos asociados a la violencia digital, la trata y la explotación sexual comercial, las uniones infantiles y tempranas, el trabajo en condiciones peligrosas y la vida en la calle. Por último, la primera infancia y las edades más tempranas de la niñez se mantienen invisibles, si bien se ha desarrollada y trabajado en estrategias de nivel nacional, como la política plurinacional para el desarrollo integral de la primera Infancia, no existen mecanismos articulados para la prevención, lo que deja sin respuesta un tramo clave del ciclo de vida, detalla el estudio.
En cuanto al género, en varios de los informes revisados más del 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, mismo patrón que se observa en la violencia facilitada por la tecnología, uniones forzadas, además de ser las más afectadas por la institucionalización prolongada.
Por su parte, los varones adolescentes suelen ser más visibles en contextos de trabajo infantil o violencia sexual comercial, aunque siguen ausentes en el diseño de políticas específicas de protección y en la producción de datos desagregadas que permitan comprender mejor cómo viven la violencia, señala parte de las conclusiones.
Respecto a la incidencia por departamento, los datos se concentran en los departamentos del eje central: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde se registran la mayoría de las denuncias de violencia sexual, trata, delitos conexos y casos de institucionalización.
Sin embargo, otros departamentos, como Beni, Pando u Oruro, aparecen asociados a problemáticas específicas como la violencia sexual en niñas y mujeres con discapacidad, trata y explotación sexual en zonas mineras y turísticas.
La ausencia de información sistemática por municipio y área rural refuerza un sesgo urbano que deja fuera a una parte importante de la población infantil.
Apoyo
Por otra parte, el relato de Lidia Ramos, de la ciudad de El Alto, que sufre la desaparición de su hija desde julio de 2014, muestra que algunos responsables de instituciones públicas, no apoyan a las madres ni orientan sobre los procesos a seguir para iniciar la búsqueda.
Narra que le costó colocar la denuncia en la policía, ya que le indicaron que, al ser mayor de edad, ellos suponen que la desaparecida huyo con el enamorado o pareja, y por lo tanto niegan la denuncia.
Pero a tanta insistencia, pudo poner la denuncia, después de 72 horas, pero a lo largo del proceso, y a pesar de tener algunas pistas, los uniformados no apoyaron a la víctima en la búsqueda.
Señala que pidió que triangulen las llamadas, ya que llegaban mensajes del celular de su hija desaparecida al móvil de su hija menor, pero no hicieron caso.
Y a pesar de colocar varios panfletos en diferentes terminales de La Paz, así como del interior del país, lamentablemente no logró encontrar a su hija.
El caso se encuentra en la fiscalía como trata de personas, pero el trámite se quedó en el camino por no tener un abogado que le oriente en el proceso.