Un estado de excepción es lo más pertinente en la actual coyuntura

En medio del tratamiento legislativo al proyecto de ley remitido por el Órgano Ejecutivo al Parlamento para normar los alcances de los estados de excepción, el analista y docente universitario, Julio Alvarado, afirmó que esta medida sería la más pertinente en la actual coyuntura, siempre y cuando se dispongan acciones adicionales para garantizar la restitución del orden.
Según Alvarado, la crisis social, política y sobre todo humanitaria, por la que atraviesa el país, requiere de soluciones puntuales y efectivas para poner orden y sancionar a los responsables de haber conducido a Bolivia a un punto crítico que amenaza la democracia y el orden constitucional.
Asimismo, afirmó que existen varios aspectos que el Gobierno debe considerar antes de decretar un posible estado de excepción. Uno de estos temas tiene que ver con resolver la situación de los jefes militares y policiales que fueron procesados y sancionados ilegalmente por haber cumplido su obligación constitucional de mantener el orden público en los hechos del 2003 y 2019.
“El Gobierno aún no hizo nada por los militares y policías sancionados. Por lo tanto, ningún militar o policía asumirá este tipo de responsabilidad, sabiendo que después será detenido y juzgado arbitrariamente”, apuntó Alvarado.
Otra observación que el especialista pide tomar en cuenta con seriedad y responsabilidad, tiene que ver con la actual conformación de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, instituciones en las que desde hace varios años se registran ingresos sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, sino por cuotas asignadas a organizaciones sindicales como las seis Federaciones de Cocaleros del Chapare, a la COB y a la Csutcb. “Actualmente esos ‘militares chapareños’ tienen mando de tropa, es decir sobre soldados”.
Advirtió que un importante porcentaje de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron cooptados por los gobiernos del MAS, a través de la prebenda y la corrupción. Por lo tanto, ellos no responderían eficientemente a las órdenes del actual gobierno, legalmente establecido.
Según Alvarado, estos puntos deben ser analizados responsablemente porque impedirían que la declaratoria de un estado de excepción tenga un efecto real y dé paso al desbloqueo de vías que la población espera tras más de un mes de desabastecimiento y violencia.
Ante este panorama, el analista planteó medidas puntuales y concretas para que el Gobierno tenga posibilidad de decretar un estado de excepción con éxito y se restituya la vigencia plena de Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.
Primero, planteó dictar una amnistía a todos los militares y policías involucrados en los sucesos de 2003 y 2019, que fueron sentenciados o actualmente enfrentan procesos por haber dado cumplimiento a órdenes superiores.
Alvarado también sugirió convocar a organismos internacionales para denunciar un golpe de Estado organizado y financiado por Evo Morales. Al mismo tiempo, solicitar que se haga un seguimiento in situ con misiones en las ciudades actualmente sitiadas por los bloqueadores.
Como medida operativa, propone la detención de dirigentes de la COB, de la Csutcb y otros que instruyeron el bloqueo de caminos que hasta la fecha ha provocado la muerte de más de ocho personas.
“De esta forma se dará un duro golpe a la estructura y al financiamiento de los bloqueadores. Además, se debe transportar a los detenidos al norte del departamento de La Paz para garantizar su seguridad”, sostuvo.
Otro aspecto que el especialista sugirió es el corte de todo flujo de recursos del TGN a los municipios, en cuyo territorio se establecieron bloqueos que dañaron la infraestructura caminera del país.
“El gobierno de Rodrigo Paz Pereira debe actuar inmediatamente, ya que el hambre y la muerte se están convirtiendo en dramáticos sucesos cotidianos”, finalizó.
El miércoles, ante un pedido generalizado para que el gobierno asuma medidas firmes contra los bloqueos y desabastecimiento provocado por sectores que demandan la salida del actual gobierno, el presidente Rodrigo Paz informó que se remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reglamentar los alcances de los estados de excepción, en la perspectiva de usar la Policía y las Fuerzas Armadas para acciones humanitarias.
Paz reiteró su convocatoria al dialogo como la mejor vía de solución a los actuales conflictos, pero también señaló que esta situación se trata de una “batalla” contra quienes quieren destrozar la patria, por lo que se espera una resolución pronta de esta iniciativa en instancias del Parlamento.
Líderes políticos como el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, han manifestado su abierto respaldo a la posibilidad de que el Gobierno declare un estado de excepción, para poner fin a los bloqueos que afectan al país y su población, aunque se considera que la medida debió asumirse al inicio de los conflictos.
Ayer, la Cámara de Senadores, en sesión presencial y virtual, inició el tratamiento de la norma remitida por el Órgano Ejecutivo.