La Administradora Boliviana de Carreteras reportó ayer 87 puntos de bloqueo en siete departamentos del país, cifra que muestra una leve reducción frente a la jornada anterior, cuando se contabilizaron 92 cortes de ruta.
Cochabamba se mantiene como la región más golpeada por las medidas de presión. Por tercer día consecutivo encabeza el reporte nacional, esta vez con 28 puntos de bloqueo. Le siguen La Paz, con 20; Potosí, con 16; Oruro, con 11; Chuquisaca, con ocho; y Santa Cruz y Pando, con dos puntos cada uno.
Aunque al inicio de las protestas La Paz fue el principal foco del conflicto, desde el lunes Cochabamba pasó a ocupar el primer lugar en cantidad de bloqueos, lo que refleja un desplazamiento del epicentro de las movilizaciones hacia el eje central del país.
Los cortes de ruta ya provocaron consecuencias críticas en el abastecimiento de carburantes, alimentos, medicamentos y oxígeno, principalmente en La Paz y El Alto. A ello se suma el saldo de 11 personas fallecidas en el contexto de la crisis: ocho por falta de atención médica oportuna y tres en un accidente de tránsito ocurrido en medio de los bloqueos.
Las movilizaciones comenzaron en los primeros días de mayo, impulsadas por la Central Obrera Boliviana, que presentó un pliego petitorio con una demanda de incremento salarial del 20%. Con el paso de las semanas, otros sectores sociales y campesinos se sumaron a las protestas, entre ellos la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.
El conflicto, que inicialmente estuvo marcado por demandas sectoriales, derivó luego en una exigencia política: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El martes, durante un cabildo de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz realizado en El Alto, el dirigente de la COB Mario Argollo señaló que la decisión de asistir al diálogo con el Gobierno debía ser definida por las bases. Al cierre del encuentro, los sectores movilizados resolvieron no acudir a ninguna convocatoria y ratificaron su pedido de renuncia del mandatario.
Frente a este escenario, representantes de la denominada Resistencia Paceña, plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil de La Paz dieron un plazo de 48 horas al presidente Paz para que declare estado de excepción.