El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, informó que su gobierno ya remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto normativo para regular los alcances de los Estados de Excepción, para su respectivo tratamiento.
Durante su intervención en el acto de posesión de un nuevo titular en el Ministerio de Defensa, el primer mandatario anunció que desde el Órgano Ejecutivo se envió al Parlamento un proyecto de ley destinado a respaldar las acciones que vayan a realizar las Fuerzas Armadas, la Policía y el Gobierno para atender las necesidades de la población y revertir la crisis por la que actualmente atraviesa el país.
“Junto a las Fuerzas Armadas la Policía Nacional y los Ministros hemos enviado un proyecto de ley bajo la lógica de acción humanitaria (…) para cambiar la actual situación. Nosotros no venimos del concepto de la violencia y son violentos, nosotros venimos de la cultura democrática y constitucional del dialogo, no alzamos la mano para golpear a otro boliviano, más bien la extendemos para dialogar y generar consensos”, sostuvo.
De esta forma Paz confirmó que el proyecto de ley para regular los alcances de los Estados de Excepción, ya se encuentra a disposición de la ALP para su respectivo tratamiento.
“Esta ley de reglamento para los Estados de Excepción en la patria ya ha sido enviada al Parlamento y espero que pronto sea resuelta”, dijo.
NUEVA NORMA
Entre sus puntos centrales del proyecto de norma está la autorización a las Fuerzas Armadas a actuar en el control de disturbios civiles, siempre y cuando la Policía haya sido rebasada.
También señala que se podrá disponer restricciones a determinados derechos y garantías, excepto derechos fundamentales como la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación.
En el artículo 10 del proyecto de ley, se establece que las fuerzas del orden ante el incumplimiento de las disposiciones del Estado de excepción están autorizadas a ejecutar arrestos de 12 horas y la aprehensión y conducción a dependencias de la Policía Boliviana y Ministerio Público para su procesamiento penal, en caso de la comisión de delitos flagrantes;
A esto se suma que podrán intervenir y/o clausurar locales comerciales privados, al igual que secuestrar bienes.
Mientras que el artículo 20, en lo relacionado a la participación de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en los estados de excepción, se contempla que durante la declaratoria de estado de excepción estarán impedidas de realizar las siguientes acciones, bajo responsabilidad:
Uso indiscriminado de la fuerza, torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
El proyecto de ley define al Estado de Excepción como la respuesta a una situación de grave amenaza que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias.
Otro aspecto relevante es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público.
El artículo 22 autoriza la intervención de las FFAA en operaciones de control de disturbios civiles mediante la declaratoria de ‘Estado de excepción por conmoción interna’, aunque fija condiciones específicas para ello.
Según la propuesta, los militares podrán ser desplegados únicamente cuando la Policía Boliviana haya sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden.
La Asamblea Legislativa, instancia definirá si estas facultades y restricciones entran en vigencia en medio de un conflicto que mantiene bloqueadas distintas rutas del país.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, complementó los alcances de la iniciativa legislativa del Gobierno, afirmando que el proyecto de ley reglamentaria “resguarda los derechos de todos, de los bloqueadores, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución. Es decir, es una acción humanitaria que busca resolver esta situación (los bloqueos de caminos y paralización del país) a la brevedad posible”.
El viceministro anunció que una acción complementaria a la aprobación de la Ley Reglamentaria del Estado de Excepción, será la convocatoria gubernamental a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Cruz Roja, Defensor del Pueblo y a todas las iglesias, tanto católica como evangélicas, “para hacer entrar en razón a la población que está bloqueando y que están haciendo un daño impresionante”.