Es cada vez más evidente que el sistema democrático boliviano vive una paradoja destructiva: en nombre de sus propios valores, está produciendo las condiciones para su desintegración.
Si el principio sobre el que se funda la democracia es el gobierno de las mayorías, resulta incongruente que grupos reducidos tengan capacidad para ejercer una tiranía de facto e imponer su voluntad apelando a la violencia y al caos. Cuando esa situación se normaliza, ya no estamos frente a problemas de disenso, sino ante una crisis que cuestiona el propio modelo de organización social.
Aristóteles advertía que cuando la libertad se convierte en anarquía, la democracia puede degenerar en oclocracia: el poder de la masa desordenada que persigue intereses particulares a expensas del bien colectivo. Platón, por su parte, sostenía que una democracia sin límites termina cuestionando toda autoridad, sustituyendo el bien común por intereses particulares y debilitando las bases de la convivencia política.
Nuestra democracia parece seguir ese camino. Aunque formalmente se sustenta en la voluntad de la mayoría expresada en el voto, en la práctica ve restringida su capacidad de acción por grupos con gran capacidad de movilización y presión. El resultado es una inversión de la lógica democrática: la voluntad expresada en las urnas pierde eficacia frente a mecanismos de presión extrainstitucional.
Esta situación se ha vuelto insostenible por un proceso de empoderamiento mal concebido, que confundió inclusión con impunidad, convirtió los derechos en instrumentos de presión y olvidó que toda democracia necesita límites. Cuando el empoderamiento se construye sobre la narrativa de la víctima permanente, se generan actores capaces de exigir sin asumir responsabilidades equivalentes, vetar sin justificación y bloquear sin rendir cuentas.
El problema se agrava cuando el Estado, que posee el monopolio legítimo de la fuerza y la obligación constitucional de garantizar los derechos de todos, renuncia a ejercer esa autoridad confiando en soluciones dialogadas con dirigentes que no reconocen sus decisiones. Sin capacidad efectiva para hacer cumplir la ley, los procedimientos democráticos se vacían de contenido.
La experiencia boliviana también revela desequilibrios entre derechos y deberes. La Constitución de 2009 amplió significativamente los derechos colectivos, pero prestó insuficiente atención a los límites, a los mecanismos de resolución de conflictos entre derechos y a las salvaguardas necesarias para evitar que esos instrumentos se conviertan en herramientas contra el propio Estado de derecho.
El resultado es que grupos minoritarios pueden justificar acciones de coerción y presentar los bloqueos como expresión de soberanía popular, aunque afecten la vida, la seguridad y la estabilidad de la mayoría.
Karl Popper advertía que una sociedad ilimitadamente tolerante puede destruir las condiciones que hacen posible la tolerancia. Del mismo modo, una democracia que permite que cualquier actor paralice indefinidamente el país sin límites institucionales, puede terminar destruyendo las condiciones necesarias para su propia existencia.
La salida no consiste en resolver una coyuntura específica. Exige revisar el equilibrio general del sistema político, porque la libertad requiere orden, la participación requiere reglas y el pluralismo requiere límites compartidos.
Necesitamos un nuevo pacto democrático basado en la legitimidad del voto como principal fuente de autoridad política, límites claros entre protesta y vulneración de derechos, equilibrio entre derechos y deberes, y la reconstrucción de la soberanía democrática.
Bolivia puede salvar su democracia. Pero para hacerlo deberá reconocer que el mayor riesgo no proviene de fuera del sistema, sino de las distorsiones que éste ha permitido en su interior. La única salida duradera pasa por refundar el pacto social sobre un principio elemental: todos los derechos, todos los deberes, para todos, sin excepción.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.