La posibilidad de que se ejecuten nuevas órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo y de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, continúa vigente, ya que las decisiones judiciales que beneficiaron a ambos no cerraron de manera definitiva el proceso impulsado por el Ministerio Público.
Desde el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se precisó que la resolución obtenida mediante una acción de libertad únicamente corrigió aspectos observados en el procedimiento aplicado contra los representantes sindicales, sin impedir que la Fiscalía retome las medidas inicialmente dispuestas.
La presidenta de esa instancia judicial, Margot Pérez, explicó que el juzgado que conoció la acción constitucional concluyó que la determinación fiscal debía estar debidamente fundamentada. En ese sentido, señaló que la observación estuvo relacionada con la necesidad de justificar adecuadamente la emisión de los mandamientos de aprehensión.
Según la autoridad, una vez que el Ministerio Público cumpla con las exigencias establecidas por la resolución judicial, podrá volver a impulsar las medidas correspondientes dentro de la investigación, por lo que el efecto de la acción de libertad no implica el cierre definitivo del caso.
Las aclaraciones surgieron luego de que el pasado 29 de mayo la Fiscalía de La Paz confirmara que habían quedado sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar.
De acuerdo con la explicación brindada por la presidenta del TDJ, la resolución constitucional restituyó derechos que fueron considerados vulnerados durante el procedimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía vuelva a activar los mecanismos legales correspondientes una vez subsanadas las observaciones formuladas por la autoridad judicial.