A pesar de haber aceptado algunas condiciones el Gobierno a los sectores movilizados, la Central Obrera Boliviana (COB) y los dirigentes deciden no asistir al diálogo, pero abren la posibilidad de habilitar un corredor humanitario. La consigna política se mantiene: la renuncia del presidente electo Rodrigo Paz.
La COB anunció la radicalización de las medidas de presión y exige la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira. También demanda la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
En su ampliado de ayer, la Central Obrera Boliviana (COB) decidió seguir las medidas de presión en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, aunque instruyó que se abran corredores humanitarios en los bloqueos, según informaron dirigentes que participaron de la reunión.
Respecto a la posibilidad de un diálogo, los representantes descartaron esa posibilidad, a tiempo de criticar al Ejecutivo y reprocharle que haya descalificado a las movilizaciones.
El diálogo había sido convocado por la Vicepresidencia, junto a la Defensoría del Pueblo y la Iglesia; sin embargo, queda en vilo con esta decisión de la COB.
Según informaron los representantes que participaron del ampliado, el pedido de las bases era mantener las medidas de presión.
Sobre los corredores humanitario, dirigentes como Severo Marca, Rodolfo Ayala y José Luis Álvarez señalaron que se dejará pasar emergencias médicas e insumos de hospitales, mientras que el exdirigente Jaime Solares, quien participó del ampliado, indicó que también se permitiría el ingreso de “algo de alimentación”.
Rechazo
Ante esa decisión, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su más enérgico rechazo a la decisión de mantener los bloqueos y descartar soluciones efectivas de diálogo, profundizando una crisis que hoy afecta gravemente a millones de bolivianos.
“La interrupción del libre tránsito, el impedimento al abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, así como los hechos de violencia registrados en los últimos días, constituyen una amenaza directa a la estabilidad económica, la seguridad ciudadana y la paz social”, señala el comunicado.
La Paz se encuentra en una situación crítica. El fracaso de los esfuerzos para garantizar corredores de abastecimiento demuestra que la crisis ha alcanzado niveles inaceptables y pide una respuesta inmediata de las autoridades competentes.
La Cámara Nacional de Comercio exige al Estado el cumplimiento irrestricto de su obligación constitucional de garantizar el libre tránsito, proteger a la población y restablecer el orden en todo el territorio nacional.
Asimismo, solicita al Ministerio Público y las instancias correspondientes investigar y establecer las responsabilidades legales emergentes de acciones que han provocado graves perjuicios a la economía nacional y a los derechos fundamentales, que no puede continuar paralizada.
La defensa de la institucionalidad, la legalidad y el bienestar de la población debe estar por encima de cualquier interés sectorial o político, asegura.