Con el advenimiento del MAS en Bolivia, se produjo una segunda etapa existencial del TC, agregándosele el vano adjetivo de “Plurinacional” dejando de actuar con las sutilezas de la etapa anterior, emitiendo abiertamente, sin miramientos, resoluciones inconstitucionales y hasta absurdas, como en el caso de un magistrado escudado en un poncho que aseguraba dictar resoluciones “consultando con la hoja de coca”.
El Tribunal Constitucional (Plurinacional o no) es uno más de los causantes de la profundización de la desinstitucionalización y de provocar enormes perjuicios al ciudadano, de ahí que varios juristas se hayan pronunciado en medios de comunicación en contra del “suprapoder” pernicioso que representa el TC.
Todos recuerdan sus resoluciones inicuas, como la usurpación y mutilación de competencias a los órganos estatales, la autoprórroga de funciones de cinco de sus exmagistrados, el gravísimo desconocimiento de la voluntad popular del 21-F, la tergiversación del orden de las sucesiones presidenciales, la cantidad de veces en las que se puede postular a la presidencia del país, la supresión de las facultades fiscalizadoras del Legislativo, la insólita sentencia constitucional disponiendo que el mercado Mutualista de Santa Cruz de la Sierra, bien público valorado en más de 200 millones de dólares, pase en propiedad a una familia particular, y demás calamidades interminables de enunciar.
El Tribunal Constitucional (TC) se inmiscuye casi en todos los juicios, al menos en las causas más “jugosas”, –tal como expresan públicamente muchos ciudadanos– constituyéndose en una instancia procesal más dentro los juicios ordinarios, determinando que los procesos judiciales sigan un curso interminable: juez ordinario, Tribunal Departamental, Tribunal Supremo de Justicia y, Tribunal Constitucional, incrementándose de esta manera la corrupción y la retardación de justicia en un ámbito de justicia burocratizada con pérdida moral, existiendo al presente en el TC más de 20.000 causas sin resolver.
Esta jurisdicción constitucional no se encuentra concentrada únicamente en el TC sino que abarca a las salas constitucionales y juzgados de las Cortes Departamentales enredando, burocratizando, corrompiendo y retardando los procesos constitucionales en general.
Si se compara cuál era el nivel de la institucionalidad del país y de la administración de justicia antes de la creación del TC con respecto a lo que hoy se tiene en el país, desde el funcionamiento del TC, se comprobará que no solo que no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido. Hoy, los órganos del Estado y sus derivados están en quiebra siniestra, la “justicia” podrida, al punto que nadie invierte en el país desde el exterior. En este desmoronamiento institucional ha jugado rol determinante el TC, cuando su misión a tiempo de su creación era el de devolver credibilidad y confianza al orden institucional, por lo que no existe ningún justificativo para mantener una estructura tan perniciosa y pesada presupuestariamente, como la de este tribunal.
Conclusión: luego de haber desarrollado varios artículos fundamentándose la abolición del Tribunal Constitucional en Bolivia, lo que corresponde de manera simple y práctica, evitando mayor deterioro institucional, es traspasar la jurisdicción constitucional a una sala constitucional que forme parte del llamado Tribunal Supremo de Justicia, debiendo cualquier juez o tribunal ejercer la custodia de la Constitución.
En este sistema, las resoluciones constitucionales tendrían efectos inter partes, no efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio para todos (erga omnes), sino solo para las partes y dentro de un caso concreto y no anularían la ley con carácter general, sino entre adversos. De esta manera quienes ejercen jurisdicción constitucional dejarían de tener “poder ilimitado”, bajando así la corrupción y la desinstitucionalización. Los recursos se activarían incidentalmente dentro de un proceso judicial en curso, no como una acción principal, salvo las acciones de defensa.
Desde luego que las particularidades de este sistema deberán estar normadas por ley específica, luego de realizarse una reforma constitucional. Las especificidades procesales nos son imposibles de exponer en un espacio periodístico.
Si bien este no es el remedio plenamente deseable, porque el Estado seguirá siendo el verdadero poder de poderes, es el medio para atenuar el “normativismo” y la acción turbulenta que ejerce el Tribunal Constitucional.
El autor es jurista.
