Movimiento cívico exige una ley antibloqueos y captura de Morales

Líderes cívicos de distintos departamentos responsabilizaron al Gobierno nacional por la estabilización de Bolivia y exigieron medidas legales para restablecer la circulación en las rutas afectadas por los bloqueos, tras una reunión realizada ayer en Santa Cruz de la Sierra.
El encuentro concluyó con cinco determinaciones centrales: la ratificación del pedido de un estado de excepción sectorizado, la aprobación de una ley antibloqueo, la creación de una norma de resarcimiento económico, la exigencia de sanciones contra los responsables de la violencia y el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Evo Morales Ayma.
Los representantes cívicos lamentaron la ausencia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien, según indicaron, había confirmado su presencia. A media mañana, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, comunicó que el mandatario no asistiría por “temas de agenda”.
Ante esa situación, los cívicos decidieron que la autoridad tampoco ingresara al encuentro. Posteriormente, los dirigentes atendieron una llamada telefónica del jefe de Estado, quien explicó los motivos de su ausencia.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que la responsabilidad de superar la crisis recae directamente en el Ejecutivo, en un contexto marcado por 28 días de bloqueos que, según el movimiento cívico, provocaron un colapso económico y humanitario.
“Es responsabilidad única y exclusivamente, en estos momentos, del Ejecutivo, encabezado por Rodrigo Paz, estabilizar el país y que las vías queden expeditas en todo el territorio nacional”, dijo Cochamanidis.
De acuerdo con el pronunciamiento, las medidas de presión afectaron la producción, la circulación, el abastecimiento y el ejercicio de derechos fundamentales. Los cívicos atribuyeron la paralización a la acción de “grupos irregulares” y advirtieron que el Gobierno debe ejercer su autoridad.
Cochamanidis ratificó el pedido de un estado de excepción sectorizado y señaló que el Senado y la Cámara de Diputados ya realizaron su labor al aprobar la abrogación de la ley que regulaba ese tipo de iniciativas. Indicó que corresponde al Ejecutivo elaborar una nueva norma y remitirla al Legislativo.
El dirigente evitó adelantar decisiones sobre posibles desbloqueos desde la vía civil, aunque advirtió que esa alternativa será evaluada de manera inmediata si el Gobierno no asume acciones concretas.
Otra de las conclusiones fue la exigencia de una ley de resarcimiento económico para que los responsables de los bloqueos reparen los daños ocasionados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de los departamentos afectados.
“Exigimos la creación de una ley de resarcimiento económico que obligue a los responsables de estos bloqueos a reparar los daños provocados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de nuestros departamentos”, señala la resolución.
En su diagnóstico, los cívicos afirmaron que el país enfrenta dos caminos: uno vinculado a la desestabilización, la violencia y los bloqueos, y otro orientado a una agenda productiva para rescatar a Bolivia de la crisis. Por ello, piden respeto al mandato popular expresado en las urnas y exhortan al presidente Paz no “ceder ante el chantaje”.
El movimiento cívico también advirtió sobre una “amenaza latente de un golpe de Estado” y planteó que el Gobierno utilice todos los recursos legales vigentes para frenar a los grupos que calificaron como sediciosos y terroristas.
Finalmente, exigieron a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Boliviana y al Ministerio de Gobierno cumplir de manera inmediata la orden de aprehensión contra Evo Morales Ayma.
“La impunidad de quienes han sido identificados como principales instigadores de la desestabilización y la violencia es un ataque directo al Estado de derecho. Exigimos que la ley se aplique sin cálculos políticos, para garantizar que los responsables de los atentados contra la paz social y la estabilidad democrática enfrenten finalmente la justicia”, indica la resolución. (Santa Cruz, agencias)