Una vez más la ciudad de La Paz, Sede de Gobierno, en estos días ha sido víctima de la violencia desatada en sus calles, por los llamados movimientos sociales, que son organizaciones de presión e interés político, que durante los veinte años del pasado régimen del populismo al socialismo, fueron parte del gobierno y sostén social del mismo, recibiendo canonjías de todo tipo, como dinero, sedes sociales, vehículos de obsequio, viajes, puestos en la administración del Estado, etc.
Esas mismas organizaciones, en especial las de los campesinos en áreas rurales del departamento paceño, denominados “ponchos rojos”, “Túpac Katari”, de mujeres del campo; cooperativistas mineros que se enriquecen con la explotación de minerales, en especial del oro, que tiene elevado precio en el mercado internacional (más de 5.000 dólares la onza troy) y que pagan miserias por regalías e impuestos; los maestros rurales que han demostrado un bajísimo nivel de educación y cultura, al cometer destrozos del ornato público, que es de todos los habitantes de la ciudad, y otros grupos movilizados, que reciben pago diario, son los que en las calles de la urbe paceña cometen delitos por agresión violenta contra ciudadanos, destrozo de bienes públicos y privados, asalto a la propiedad etc., delitos penados por el Código Penal.
Estos grupos violentos que nuevamente cometen actos vandálicos en la sede de gobierno, responden a apetitos de poder de quienes están ubicados en el Chapare, en el trópico cochabambino, encabezados por el expresidente Morales Ayma, declarado rebelde y contumaz ante la ley, por conductas delictivas que habría cometido y por los que está sometido a proceso en la jurisdicción judicial de Tarija, quien es, además, el financiador de estos actos de violencia, pues es su método de lucha, para desestabilizar gobiernos o derrocarlos, como ya sucedió en 2003.
La marcha de grupos subversivos a la sede de gobierno, tiene como objetivo tomar la plaza Murillo, donde están las sedes oficiales de los órganos Ejecutivo y Legislativo. En su recorrido se escucha dinamitazos en las calles, asaltan tiendas y negocios comerciales privados, cometen destrozos en vías públicas y agreden a golpes y pedradas a ciudadanos en su cotidiano quehacer, todo en nombre del pueblo, mientras éste es víctima de su violencia. La finalidad de todo este cuadro, es la toma del poder político, pidiendo la renuncia del presidente elegido apenas hace seis meses.
Otro medio de expresión del populismo, es el bloqueo de carreteras para impedir todo desplazamiento de personas y productos, y es parte de la estrategia de “cercar” las urbes, sometiéndolas por el hambre. Al bloquear las carreteras, los productos de consumo diario, no llegan a los mercados, los pocos que quedan suben de precio en cientos de veces y al final no existen. Estas formas de cerco y someter a los habitantes de una urbe al hambre, son métodos de terror, que son empleados solo en las guerras, y son considerados graves delitos contra los derechos humanos.
Los bloqueos, marchas y violencia contra las ciudades, interrumpiendo el quehacer cotidiano de los habitantes, tienen un alto costo, peor ha sido en nuestro caso, que estamos atravesando un agudo cuadro de crisis económica, que puede llegar a un colapso.
Otra característica de los grupos violentos movilizados, es el “racismo”, pues la prédica del odio étnico, contra los mestizos, los blancoides, los orientales y los que residen en urbes como La Paz, ha sido la prédica durante veinte años, por la corriente “indigenista”, encabezada por David Choquehuanca, que desempeñó las funciones de Ministro de Relaciones Exteriores y Vicepresidente del Estado. Odio étnico que resulta un grave atentado a la unidad, la seguridad y defensa del país.
El gobierno elegido en noviembre pasado, tiene la obligación de garantizar la paz social, la propiedad privada, el normal desarrollo de las actividades económicas, para lo que cuenta con las facultades prescritas en las leyes, como el uso exclusivo de la fuerza y violencia legal. Tiene instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía, para la defensa de la sociedad, en el orden interno y externo, pero, fundamentalmente, las leyes. Éstas deben ser aplicadas para que los responsables, cubran los costos de los daños inferidos a los bienes públicos y privados, y los costos económicos de bloqueos y paros,
El buen gobierno, debe gobernar con la ley en la mano, cumplirla y hacerla cumplir, es el fundamento del “estado de derecho” que tiene como efecto la paz, el orden y la justicia.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.