Cuestionando que las movilizaciones “evistas” busquen alterar el rumbo que los bolivianos definieron por la vía democrática, la exsenadora por Santa Cruz Centa Rek reprochó que aquellos sectores que vaciaron el Estado, mientras consolidaron un modelo basado en el control político y la dependencia económica, hoy pretendan volver presentándose como supuestos defensores del pueblo.
En criterio de la exparlamentaria, actualmente el país vuelve a enfrentarse a una ofensiva de movilizaciones impulsadas por el “masismo” bajo la conducción de Evo Morales y su método de imponer criterios a través de marchas, bloqueos, toma de caminos, violencia y amedrentamiento.
Asimismo, lamentó que la radicalidad “evista” desconozca el rumbo que los bolivianos definieron democráticamente en las urnas, y en menos de seis meses se haya construido una nueva narrativa política para desestabilizar y generar confrontación con fines conspirativos para retomar el poder.
Para Rek, es reprochable que se trate de responsabilizar al actual gobierno por la totalidad de la crisis económica, social e institucional que se vive el país, cuando gran parte de esa devastación es consecuencia directa de dos décadas de despilfarro, corrupción, manoseo político y destrucción sistemática de la institucionalidad republicana.
“Los mismos actores que vaciaron el Estado, sometieron la justicia, expandieron el aparato corporativo sindical y consolidaron un modelo basado en el control político y la dependencia económica, hoy pretenden volver presentándose como supuestos defensores del pueblo. Se erigen como falsos profetas de una protesta plagada de manipulación y victimización, mientras buscan reinstalar un modelo expropiador, punitivo y parasitario que castigó durante años al ciudadano que produce, emprende y trabaja”, cuestionó.
Para esta jornada, se anunció el arribo a la Sede de Gobierno de la marcha “evista” que partió el pasado viernes de la localidad de Patacamaya. Según sus promotores, la columna humana denominada “Por la vida para salvar Bolivia”, tiene el objetivo de expresar el descontento de la población hacia el gobierno por temas como la distribución de gasolina de baja calidad y la defensa de los recursos naturales, entre otros; sin embargo, varios dirigentes aseguraron ante medios de comunicación que su principal demanda es exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Desde el Ejecutivo, se insistió en que el mejor camino para atender las demandas de aquellos sectores actualmente movilizados es mediante el diálogo, pero no existe forma de que se materialice un acercamiento con grupos que persiguen objetivos políticos y buscan derrocar a la actual administración.
“Hay que diferenciar a aquellos que vienen con propósitos políticos, de ruptura del orden democrático, que se niegan a conversar y que están cometiendo un delito al pretender derrocar un gobierno que es legítimamente elegido por voto popular; con ellos no hay manera de dialogar”, indicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
En criterio de Rek, nada resulta más peligroso que la pretensión de retomar el poder mediante la presión callejera y la imposición de la fuerza.
“Bolivia se encuentra ante una peligrosa escalada de desestabilización que amenaza la convivencia democrática. La experiencia histórica demuestra que los proyectos autoritarios que intentan retornar al poder suelen hacerlo con mayor radicalidad, mayor resentimiento y menor tolerancia frente a cualquier forma de oposición”, puntualizó la exparlamentaria, alertando por posibles intentos de generar caos y confrontación en la Sede de Gobierno, esto después de todo el perjuicio ya provocado por la presión y la violencia generada en distintos puntos del país los días pasados.
FINANCIAMIENTO
Según la exsenadora, ante serias interrogantes sobre el financiamiento y la logística que sostienen movilizaciones “evistas”, con bloqueos simultáneos y estructuras de presión de gran escala, es urgente que autoridades competentes investiguen con transparencia el origen de estos recursos y determinen si existen mecanismos irregulares o ilícitos detrás de estas operaciones políticas y sindicales.
ROL DEL PARLAMENTO
Asimismo, señaló que resulta indispensable que el Parlamento proceda a analizar todos los mecanismos legales posibles para garantizar la vigencia de la democracia, el derecho al trabajo y la seguridad ciudadana, frente a acciones violentas o coercitivas disfrazadas de protesta social.
Finalmente, instó al Gobierno a comprender que no se puede asumir un rol pasivo o meramente arbitral frente a actores que han demostrado reiteradamente su disposición a utilizar la presión y el conflicto como herramientas de poder.
“Gobernar también implica garantizar el orden democrático, proteger a los ciudadanos y defender a quienes desean vivir en paz, trabajar y construir futuro sin imposiciones ni amenazas. Bolivia ha llegado a una hora de decisiones, el gobierno debe resguardar a la población y no entregarla y menos dejarla librada a hordas violentas”, añadió.
