El seguro de desgravamen de los créditos bancarios por vivienda o vehículo puede convertirse en una nueva carga económica en lugar de un beneficio, si es que no se tiene la información necesaria que normalmente ocultan los bancos, advirtió la abogada Paola Sequeiros, líder de la Fundación Micro Justicia que trabaja en el país hace 16 años.
Para Sequeiros, el principal problema radica en la desinformación: una persona que no comprende lo que firma se convierte automáticamente en un usuario vulnerable dentro del sistema financiero. Uno de los puntos más críticos es el seguro de desgravamen, obligatorio en créditos hipotecarios, de vivienda social y vehiculares; aunque los usuarios lo pagan, no son los titulares del mismo: el beneficiario real es el banco, lo que significa que, ante cualquier problema, la entidad financiera toma el control de la situación, mientras el cliente queda limitado a cumplir con los pagos.
Este seguro, que en teoría protege al deudor en caso de fallecimiento o enfermedad, tiene múltiples condiciones, por ejemplo, solo se activa si el cliente está al día en sus cuotas y si no ocultó información médica al momento de contratar el crédito; en consecuencia, declaraciones inexactas, como no informar enfermedades preexistentes, pueden anular completamente la cobertura. Además, si no se gestiona su activación dentro de los 15 días posteriores al fallecimiento del titular, la deuda continúa y puede incluso derivar en acciones judiciales, según explicación de Sequeiros en el programa Economía y Empresa difundido por el canal YouTube EDI TV BOLIVIA, entrevista que tiene más detalles sobre el tema en cuestión.
La situación se agrava porque muchas veces las entidades financieras modifican contratos o condiciones sin que los usuarios comprendan plenamente los cambios, por lo que Sequeiros recomienda a los acreedores solicitar los documentos originales del contrato de seguros y verificar que las cláusulas son realmente favorables o no.
Otro problema estructural es el acceso a la información, aunque la normativa obliga a los bancos a entregar contratos, planes de pago y detalles de seguros, en la práctica muchos usuarios enfrentan trabas para obtenerlos; tal falta de transparencia impide que los clientes comprendan aspectos clave como quién es el titular del seguro, qué porcentaje cubre o cuáles son sus limitaciones.
Además, existe una relación estrecha entre entidades financieras y aseguradoras que, según la jurista, genera un conflicto de intereses; mientras el usuario paga mensualmente por un seguro, puede perder ese dinero si no logra activarlo en condiciones específicas.
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