Los bloqueos instalados por sectores interculturales en los Yungas de La Paz cumplieron ayer 13 días consecutivos de interrupción vial, una medida de presión que mantiene aisladas rutas estratégicas del Norte paceño, al igual que en el sector del altiplano, lo que obliga a viajeros, turistas y transportistas a recorrer largos tramos a pie para llegar a sus destinos.
Al respecto, crecen los cuestionamientos sobre la falta de intervención de las autoridades llamadas por ley a garantizar la libre circulación.
Frente a este escenario, distintos sectores recordaron que las reparticiones públicas competentes, entre ellas la Policía Boliviana tiene la obligación legal de actuar para restablecer la circulación vehicular y precautelar el derecho al libre tránsito consagrado en la Constitución Política del Estado.
Desde el punto de bloqueo emplazado en la carretera que conecta los municipios de Caranavi y Coroico, se reportó que decenas de personas, incluidos visitantes extranjeros, deben caminar varios kilómetros, incluso bajo intensas lluvias, debido al cierre de rutas que impide el tránsito regular de vehículos.
El conflicto carretero estará siendo utilizado como mecanismo de desgaste al Gobierno y de presión institucional, mientras la población termina soportando las consecuencias económicas.
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