El dilema central de la crisis del combustible es evidente: estamos entre un “gasolinazo técnico” (subir los precios con una fórmula transparente) y un “gasolinazo de facto” (escasez en los surtidores y motores dañados por mala calidad). Ante esa disyuntiva, lo más responsable es asumir el trago amargo: transparentar el cálculo de los precios. Mantener valores administrados y discrecionales solo prolonga la incertidumbre y debilita la confianza en la política energética.
En las últimas semanas el país se enfrentó nuevamente a largas filas por la falta de diésel, el argumento del Ministro de Economía basado en la mayor demanda por la zafra es, en términos técnicos, una justificación estacional para un problema estructural de liquidez. La zafra es un evento predecible en el calendario agrícola boliviano; si YPFB hubiera hecho una gestión de riesgos adecuada, el stock debería haber estado garantizado meses atrás.
El problema es que los proveedores internacionales exigen pagos por adelantado o cartas de crédito confirmadas. Sin dólares suficientes YPFB no puede programar compras masivas, lo que genera ese goteo de cisternas que apenas alcanza para las filas del día.
El DS 5503 de diciembre de 2025 fijó precios de la gasolina y el diésel sin explicar cómo se calculaban y el DS 5516 de enero de 2026 repitió el mismo esquema al aprobar un “reglamento de precios” que nunca se difundió con detalle. En ambos casos, el ajuste se presentó como un “sinceramiento”, pero sin publicar la fórmula que mostrara costos internacionales, transporte, tipo de cambio real e impuestos.
La nueva regulación no solucionó el problema, solo redujo el tamaño de la pérdida. Como los precios fijados en diciembre son rígidos y no indexados automáticamente al mercado, los acontecimientos geopolíticos en Medio Oriente hicieron que el subsidio implícito se disparara nuevamente, haciendo que la importación fuera financieramente insostenible.
Por otro lado, la dualidad cambiaria es el verdadero origen de la distorsión: mientras el decreto se calcula con el dólar oficial, en la práctica YPFB compra divisas más caras, esto genera un precio artificial en surtidor y explica por qué el diésel terminó más caro que la gasolina, de esta manera el precio fijado por decreto en Bolivia no cubre el costo de importación.
Mientras la Gasolina Especial se vende a Bs 6,96 ($us 1,01), el costo de importación sin subsidio se estima, por lo menos, entre Bs 8,30 y Bs 11,00 por litro. A finales de febrero de 2026, se calculó que la gasolina en Bolivia seguía un 40% por debajo del precio internacional, y el diésel un 18% por debajo.
YPFB necesita dólares físicos para pagar afuera, como el BCB no se los entrega a 6,96 de forma fluida, la logística de importación se rompe. El Gobierno «cree» que el precio es alto, pero no tiene la divisa para sostener la oferta. El problema no fue solo el aumento de precios, sino la ausencia de reglas claras y verificables.
El temor del gobierno es que subir el precio de los combustibles podría generar un estallido social por el efecto multiplicador en los precios que se puede generar, pero el escenario actual está demostrando que el desabastecimiento y la mala calidad pueden ser mucho más destructivos. Sin diésel, la zafra, la siembra y el transporte pesado se detienen, esto no solo también genera inflación, sino desabastecimiento de alimentos, lo cual es un detonante de conflicto mucho más violento que un alza de precios.
Asimismo, el precio ya subió indirectamente: El ciudadano paga el costo en tiempo (filas) y en repuestos (motores dañados). Transparentar el costo es, en realidad, ponerle nombre a una crisis que la gente ya está pagando de su bolsillo. El riesgo de hacer nada es que el mercado termine haciendo el ajuste por su cuenta, pero de forma caótica y mucho más cara de lo que dictaría cualquier fórmula transparente.
El sinceramiento de los precios hará que el ciudadano pague el combustible al costo real, pero esta vez con calidad garantizada. Al mismo tiempo, YPFB podrá acceder a dólares con un tipo de cambio también real, reduciendo la distorsión que hoy mantiene oculto el subsidio. Liberar el precio bajo una fórmula transparente sería un trago amargo, pero le daría al sistema la previsibilidad que hoy no tiene. Mantener el esquema actual, a costa de la calidad y la disponibilidad, es una bomba de tiempo.
Al final del día, la verdadera subvención no la pone el Estado, la está poniendo el ciudadano con su tiempo y su patrimonio. Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿Usted qué preferiría: comprar combustible caro, pero garantizado o combustible barato, pero que puede afectar su trabajo y destruir su herramienta de vida?
El autor es economista.