Entramado hace perder competitividad empresarial

La falta de competitividad de muchas empresas nacionales en Bolivia no se explica por una sola causa, sino por un entramado institucional, económico y jurídico que termina encareciendo producir, innovar y exportar, aseguró el Doctor Ciro Añez.
La aseveración corresponde a una entrevista realizada al profesional, que tiene un currículum extenso, como autor de libros, asesor legal de empresas, Doctor en Derecho Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés, también abogado constitucionalista, penalista y procesalista.
Añez nos brinda respuestas de algunas interrogantes que se plantea la sociedad para girar de un entorno centralista a una descentralización económica para el desarrollo económico, político y social del país, de los departamentos y municipios.
A continuación, las respuestas a cuatro preguntas que tienen que ver con economía y administración pública, para que las regiones empiecen a despegar.
1. EL DIARIO (ED).- La Constitución Política es centralista como pasar a la descentralización de la actividad económica en esta coyuntura actual.
Ciro Añez (CA).- Estos temas deben ser entendidos como un compromiso de todos los bolivianos en búsqueda de mejorar la economía nacional, que repercute duramente a las finanzas de las personas. Aquí no se trata de ideologías y tampoco de fanatismo dogmático, sino de pragmatismo basado en los intereses generales, en el bien común. Esta descentralización es totalmente factible y puede materializarse mediante reforma parcial de la Constitución, para ello es posible realizar dicha transición mediante “Referendo Constitucional Vinculante a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo nacional”, a objeto de que el pueblo boliviano, mediante democracia directa y participativa y en ejercicio de su poder soberano, apruebe o rechace la reforma parcial de determinados artículos constitucionales estructurales (de todo el sector público, incluyendo la descentralización administrativa en materia de administración de justicia y Ministerio Público).
Como pueblo, todos debemos dar el paso hacia un auténtico fortalecimiento de la descentralización, aplicando el artículo 411-II de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 23 de la Ley Nº 026 de 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral. Esta es la manera debida de hacerlo, de forma consciente, transparente y ordenada. Ahora, si vía referéndum, la decisión está tomado, pues el siguiente paso, es establecer el marco normativo correspondiente de modo sólido, coherente y bajo un enfoque multidisciplinario, con equipo de profesionales de distintas áreas pertinentes, con auténtica solvencia ética, experiencia y conocimientos. Esto no es, sólo y únicamente, tema de abogados especializados.
2. ED.- Por qué las empresas nacionales no son competitivas. Que normas requiere para empezar a despegar.
CA.- La falta de competitividad de muchas empresas nacionales en Bolivia no se explica por una sola causa, sino por un entramado institucional, económico y jurídico que termina encareciendo producir, innovar y exportar. Entre esas dificultades podría citar, algunas de ellas: 1) Entorno institucional débil y poco predecible. Entiéndase que, desde el punto de vista constitucional, el problema no es solo “qué dice la norma”, sino cómo se aplica. La inseguridad jurídica —cambios frecuentes de reglas, discrecionalidad administrativa, débil independencia judicial— eleva el riesgo país. Eso desincentiva inversión de largo plazo, tanto nacional como extranjera. Debemos dejar de ser cortoplacistas, mentalidad del negocito, sino de visión sólida a largo plazo. Una empresa no compite bien si no puede planificar a 5-10 años. Los primeros dos años, para una empresa emergente o incipiente, son absolutamente decisorios para la supervivencia y consolidación de una empresa, un período crítico donde se define su viabilidad a largo plazo.
2) Sobrerregulación e informalidad estructural, para ninguno es novedad, que Bolivia tiene una economía altamente informal. Esto genera una paradoja, porque resulta que las empresas formales cargan con impuestos, trámites y costos laborales elevados, sumado a conflictos procesales que encarecen todo, peor aún ante una profunda crisis judicial, entre ellas por corrupción y subordinación política (que tampoco es novedad, informes tanto nacionales como internacionales independientes han afirmado tal situación. Ej.: World Justice Project), esto es, el alto costo de legalidad; mientras que, por otro lado, las informales compiten sin esas cargas. Eso no es un problema “de mercado”, sino de diseño institucional.
3) La baja productividad y poca innovación. Muchas empresas operan con baja tecnología, escaso acceso a financiamiento y poca integración a cadenas globales. Aquí influye: a) Sistema financiero conservador; b) Falta de incentivos reales; c) Rigidez laboral, pues el marco laboral, aunque protector, es poco flexible para la dinámica empresarial moderna. Esto desalienta contratación formal y escalamiento de negocios; d) Débil vínculo, desconexión o falta de colaboración efectiva (debido incluso por burocracias, trabas administrativas) entre las instituciones de educación superior y el sector productivo (empresas), lo que limita la transferencia de conocimientos, la innovación y la pertinencia de la formación profesional; y, e) Dependencia de materias primas, pues resulta que la estructura económica sigue muy centrada en recursos naturales. Eso limita el desarrollo de sectores industriales con mayor valor agregado.
3. ED.- Cómo abordar un desarrollo económico municipal y departamental si hay una Constitución centralista.
CA.- Advertir lo siguiente, Bolivia no es formalmente un Estado centralista puro. La Constitución Política del Estado establece un Estado unitario “con autonomías” (departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas). El problema no es tanto el texto constitucional, sino la brecha entre autonomía formal y autonomía real: competencias limitadas, dependencia fiscal del nivel central y márgenes regulatorios estrechos. Dicho eso, el desarrollo subnacional sí es posible, pero exige moverse con inteligencia dentro de ese marco y fortaleciéndolo con reformas puntales antes mencionadas.
Se debe entender que sí hay poder real en las regiones, pero el nivel central concentra recursos y decisiones estratégicas; municipios y departamentos tienen herramientas clave, por ejemplo, el ordenamiento territorial y uso de suelo, regulación de actividades económicas locales, compras públicas, infraestructura urbana y servicios, promoción productiva (aunque limitada). El error común es esperar transferencias o grandes políticas nacionales. El desarrollo local empieza explotando estas competencias “pequeñas” y decisivas.
Se debería responder bajo estrategia, como ser: competir por productividad, no por subsidios. Un municipio no puede devaluar moneda ni fijar aranceles, pero sí puede volverse más competitivo en cosas concretas: a) Reducir tiempos y costos para abrir negocios; b) Dar seguridad jurídica local (licencias claras, sin arbitrariedad); c) Invertir en infraestructura crítica (caminos, mercados, logística); d) Facilitar encadenamientos productivos. Y esto, es claramente palpables, pues podemos ver que dos municipios con la misma ley nacional pueden tener resultados opuestos solo por su gestión administrativa, la clave es una gestión basada en la integridad, resiliencia y transparencia.
Las regiones no deben andar pensando en ponerle el pie del peso estatal en el cuello de sus ciudadanos, no deben inventar más cargas impositivas, cuando el pueblo ya sufre un estancamiento, una estanflación. Dentro del marco constitucional, los gobiernos subnacionales pueden dictar: a) Leyes autonómicas departamentales y, b) Ordenanzas municipales.
Aquí hay margen para innovar sin violar la Constitución: 1) Regímenes simplificados de licencias; 2) Incentivos locales (no necesariamente tributarios, pero sí administrativos o logísticos); c) Zonas económicas locales (de facto, no necesariamente “zonas francas” formales). La clave es creatividad jurídica en políticas públicas, sin entrar en conflicto competencial con el nivel central.
El verdadero cuello de botella: la dependencia fiscal. La mayoría de municipios y gobernaciones dependen de transferencias (coparticipación, IDH). Eso limita la autonomía real. Ante eso, qué podemos hacer, algunas sugerencias, serían: a) Mejorar recaudación propia con ética (catastro actualizado, tasas eficientes); b) Asociaciones público-privadas locales (aunque aún poco desarrolladas); y, c) Mancomunidades municipales para economías de escala. Sin recursos propios, la autonomía es más política que económica.
4. ED.- En un contexto de crisis económica que vive Bolivia, hay necesidad de inversión privada; pero conlleva una serie de condiciones y normativas para abrir las puertas al capital privado. Hay posibilidades de agilizar por decreto o el Parlamento tiene la última palabra, claro está que depende de qué políticas. Cómo abordarlo.
CA.- Hay que diferenciar, como indicaba, se debe responder con estrategia, hay cosas que sí se pueden hacer vía decretos y otras no. Cuando un gobierno pretende gobernar por decreto es un pésimo síntoma, no solo falta de ideas, sino de abuso de poder, corrupción, autoritarismo, etc. Eso tiene que alertarse cualquier población del país que fuese.
Entonces la manera de abordarlo, podría ser: 1.- Lo que SÍ puedes acelerar por decreto es por ejemplo: el Ejecutivo puede mover bastante la aguja sin pasar por el Parlamento si se enfoca en gestión, reglamentación y simplificación, como ser: destrabar burocracia, que implica reglamentos que reduzcan plazos de licencias y permisos; silencio administrativo positivo (si no te responden, se entiende aprobado); digitalización y ventanillas únicas reales y transparentes. Acabar con el papeleo y la burocracia.
También, vía decreto, se podría producir: 1) Seguridad jurídica “operativa”, mediante protocolos claros y públicos para inspecciones, estándares uniformes entre entidades (menos discrecionalidad), contratos tipo en APP (Asociaciones Público-Privadas) a largo plazo con integridad, o inversión pública-privada. No contratos de corruptelas; 2) Facilitación sectorial: reglamentos más claros en minería, hidrocarburos, energía, agro. Agilizar permisos ambientales sin eliminar estándares (plazos y trazabilidad); 3) Promoción de inversión: agencias de atracción de inversiones con mandato claro, Fast-track para proyectos estratégicos (que en algunos aspectos ya se han ido efectuando, como por ejemplo, el Decreto Supremo No. 5503 de 2025); entre otras más opciones creativas que se podrían efectuar.
Todo esto no cambia la ley, pero reduce el costo real de invertir, que muchas veces es más decisivo que el simple texto legal.
Ahora bien, lo que NO se puede hacer por decreto (y requiere de ley), es obviamente: a) Régimen tributario (crear, eliminar o modificar impuestos. Dar estabilidad tributaria de largo plazo); b) Régimen de propiedad y recursos naturales; c) Dar garantías reforzadas a la inversión; d) Marco laboral, amerita que exista flexibilización laboral acorde a estos tiempos; e) Asociaciones público-privadas de gran escala, especialmente si implican compromisos fiscales relevantes.
En estos temas, el Parlamento tiene la última palabra. Intentar saltarlo vía decreto suele terminar en inseguridad jurídica, inconstitucionalidad y abuso de poder.