La directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Departamental de Oruro, Rossemary Moller, fue denunciada por la vía administrativa, por archivar un caso de minería ilegal en el área de producción de quinua dentro del predio denominado Saca Saca parcela 4, situado en el municipio de Soracachi de la provincia Cercado, Oruro.
“La presente denuncia tiene por objeto poner en conocimiento graves irregularidades en la actuación funcional de la autoridad denunciada, materializadas en la emisión del Auto AJAM-DEP-OR/MIN-ILEGAL/AUTO/1/2026 de 24 de febrero de 2026, por el cual se dispone el archivo de una denuncia por minería ilegal, pese a la existencia de evidencia técnica, objetiva y suficiente que acredita la comisión del ilícito administrativo”, señala el memorial presentado por el abogado Jaime Cuéllar, en representación de la familia Carvajal Soto.
Dicha actuación, según el jurista especializado en minería ilegal, configura un conjunto de infracciones administrativas graves, entre las que se identifican la parcialización en la valoración de la prueba, la omisión de consideración de elementos técnicos determinantes, la negativa indebida de ejercicio de funciones frente a un ilícito evidente, el incumplimiento de deberes funcionales y la vulneración de principios estructurales del procedimiento administrativo.
Conforme a la revisión integral se señala que el área minera denominada San Lucas, denunciada por actividad minería ilegal, se encuentra jurídicamente revertida al dominio originario del Estado, en virtud de la extinción definitiva de derechos mineros, dispuesta mediante resolución administrativa.
Estos elementos, según el abogado, constituyen indicadores técnicos inequívocos de explotación minera, configurando de manera plena el ilícito de minería ilegal conforme a la normativa vigente.
Sin embargo, la autoridad denunciada ha incurrido en una valoración arbitraria y fragmentaria de dicha prueba, desnaturalizando su contenido técnico mediante apreciaciones genéricas que no guardan correspondencia con la realidad fáctica acreditada. Esta conducta evidencia una grave omisión en la aplicación del principio de verdad material, afectando la integridad del procedimiento y desvirtuando la finalidad de la función administrativa.
ANTECEDENTES
Tres co-propietarias del predio denominado Saca Saca parcela 4, situado en el municipio de Soracachi de la provincia Cercado del departamento de Oruro, presentaron denuncia formal ante la AJAM el año 2025, por explotación minera ilegal en tierras agrícolas de vocación productiva de quinua.
“Dicho predio ha sido utilizado de forma continua, pacífica y lícita para fines estrictamente agroproductivos, consistentes principalmente en la siembra y producción de quinua, papa y otros cultivos agrícolas, sin que en ningún momento se haya desarrollado, autorizado o tolerado actividad minera alguna dentro de sus límites”, señala el memorial dirigido entonces a la directora de la AJAM Departamental, Felipa Moller, ahora denunciada.
En el marco de la vocación productiva agraria, y en ejercicio legítimo de sus derechos emergentes de la propiedad agraria reconocida por el Estado, es que las denunciantes, al verse gravemente afectadas por actividades mineras ilegales ejecutadas por terceros, acudieron ante la AJAM Oruro para salvaguardar la integridad del predio, el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el ordenamiento jurídico vigente.
Las referidas actividades mineras, según la denuncia, se desarrollan al interior de un predio agrario de propiedad legalmente reconocida a favor de las denunciantes, sin ostentar título minero válido, contrato de adecuación, autorización administrativa alguna, ni derecho conferido conforme la Ley 535 de Minería y Metalurgia. (ANA)