Dando continuidad a mi nota de opinión publicada en EL DIARIO, titulada “Ni muros ni zanjas, señor Kast”, de fecha 8 de mayo de 2024, ahora tomando en cuenta los primeros decretos del presidente de Chile, José Antonio Kast, que ordena poner barreras físicas y refuerzo militar en la frontera con nuestro país y con el Perú, el tema merece un análisis más riguroso. Si bien todo Estado tiene derecho a gestionar su soberanía, estas medidas impactan directamente a compromisos bilaterales vigentes y a dinámicas económicas regionales que conviene no dejar pasar por alto.
El Tratado de 1904 garantiza el libre tránsito comercial a perpetuidad para mercaderías bolivianas de y hacia puertos chilenos; la instalación de obstáculos físicos y controles militares, aunque motivados por la migración irregular, debe ejecutarse sin entorpecer ese flujo legítimo. La experiencia comparada demuestra que medidas restrictivas unilaterales suelen encarecer y ralentizar el intercambio, perjudicando a las economías locales que han prosperado gracias a la integración.
En el plano migratorio, el énfasis punitivo llega tarde, los flujos masivos ya ingresaron; es una política tardía, la evidencia indica que las barreras físicas, sin cooperación bilateral y sin abordar causas estructurales, solo desplazan el problema. Un enfoque sostenible requeriría diálogo con los países de origen y tránsito, no únicamente más efectivos y controles modernos.
Paralelamente, existen dos dimensiones estratégicamente omitidas de la agenda bilateral y son la reivindicación marítima y la gestión de recursos hídricos compartidos. En la zona limítrofe, la extracción de aguas subterráneas mediante sondajes mineros afecta los acuíferos y bofedales, cuyo equilibrio es frágil y cuyas cuencas hidrográficas no reconocen fronteras políticas (Extracción irregular de agua subterránea sobre el borde de la franja fronteriza del lado chileno). Mientras se despliega tecnología para controlar personas, no existen mecanismos bilaterales para fiscalizar esas captaciones de aguas irregulares, aunque se esté gestionando de manera conjunta financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Esperemos que en los próximos 6 meses se incluya dentro del documento de proyecto de recursos hídricos compartidos las captaciones irregulares de agua en la frontera del lado chileno que afectan a Bolivia. La desigualdad es evidente, se militariza la frontera contra el migrante, pero se desatiende el impacto ecológico y la posible vulneración de derechos hídricos y otros.
Esta omisión no es casual, abrir un debate técnico sobre el agua implicaría reexaminar la condición de territorios que fueron bolivianos antes del Tratado de 1904 y reactivar, aunque sea indirectamente, la conversación sobre el acceso soberano al mar para Bolivia, que Chile considera judicialmente cerrado tras el fallo de La Haya de 2018. Nuestro gobierno ha señalado que, sin abandonar la reivindicación marítima contemplada en nuestra Constitución, buscará impulsar una agenda económica y productiva con Chile. Sin embargo, la estrategia chilena de clasificar los temas, solo permite abordar lo comercial, mientras son postergadas sistemáticamente las discusiones sobre recursos hídricos y sobre la reivindicación marítima, diferendo histórico pendiente.
Resulta contradictorio que estas medidas restrictivas coincidan con la expectativa de avanzar en corredores bioceánicos y en la habilitación del Hito 60 la Ruta del Litio y de posibles acuerdos comerciales de carne bovina y leche boliviana, proyectos que requerirían fluidez fronteriza y confianza mutua. La construcción de zanjas y torres de vigilancia envía señales opuestas a la integración física que ambos países habían empezado a explorar, aunque por el momento oficialmente se niega ese extremo.
Chile ejerce su soberanía, pero el contexto bilateral exige coherencia, blindar la frontera sin abordar el tema marítimo y el agua, sin garantizar el comercio y sin diálogo sobre los temas de fondo, puede aliviar una preocupación interna momentánea, pero erosiona la confianza mutua y cierra puertas a oportunidades compartidas.
La agenda silenciada responde a un cálculo chileno, mantener fuera de la mesa aquellos asuntos que podrían reactivar el debate sobre las obligaciones derivadas del Tratado de 1904 y sobre la condición boliviana de país sin litoral. La invitación es a utilizar este momento para construir espacios de conversación técnica y diplomática que incluyan todas las dimensiones de la relación, porque los avances duraderos se construyen con cooperación, no con determinaciones unilaterales.
¡Viva Bolivia, hacia el mar!
El autor es Abogado y ex Cónsul de Bolivia en Chile.