De Marset al corazón del Chapare

La reciente captura de Sebastián Marset el pasado 13 de marzo de 2026, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en Sudamérica. Tras años de burlar a la justicia bajo la fachada de futbolista y empresario, el uruguayo acusado de narcotraficante ha sido entregado a la DEA en Estados Unidos, cerrando un capítulo de terror y exponiendo la fragilidad de los sistemas que permitieron su libre operación en territorio boliviano durante gestiones pasadas.
Este operativo ejecutado por la Policía boliviana representa un golpe estratégico a las finanzas de las redes delictivas transnacionales, pero también subraya la necesidad de una vigilancia institucional más rigurosa para evitar que tales estructuras se asienten en la región, como venía sucediendo en Bolivia durante los años del llamado Proceso de Cambio. La caída de Marset pone de relieve la urgencia de abordar las condiciones que facilitan el tráfico de sustancias ilícitas, señalando directamente a las zonas de producción de materia prima excedentaria.
En este contexto, la atención se debería centrar ahora en el Chapare y el Trópico de Cochabamba. Los esfuerzos actuales para la erradicación de cultivos de coca que exceden el consumo tradicional son un paso necesario para restablecer la presencia plena del Estado y la seguridad para la ciudadanía. Con miles de hectáreas destinadas a fines no legales, la intervención en estas áreas no debe verse como una acción aislada o antojadiza, sino como un pilar fundamental de la soberanía nacional frente a economías sumergidas que amenazan la seguridad pública.
Por otro lado, el panorama político se ve afectado por las tensiones entre el sistema judicial y líderes sindicales de las zonas productoras, que tuvieron mucho poder o peso con el MAS. Las investigaciones en curso y las acusaciones que pesan sobre figuras de alto perfil, incluyendo a exautoridades, generan un clima de incertidumbre. Es necesario que la justicia actúe con independencia y transparencia para esclarecer cualquier posible vínculo entre el poder político y las estructuras criminales, garantizando que nadie esté por encima de la ley. Y según la información que la DEA pueda proporcionar a Bolivia, con base en las declaraciones de Sebastián Marset, la Policía y la justicia boliviana deberán actuar investigando a los políticos sospechosos de encubrir al narco.
Bolivia se encuentra en una encrucijada institucional. Para alejarse de la sombra del narcotráfico, el país debe fortalecer sus mecanismos de control en las fronteras y en los centros de producción. El saneamiento de las instituciones y la aplicación efectiva de las políticas de erradicación en el Chapare son requisitos indispensables para consolidar un Estado de derecho donde el rastro del dinero ilícito no encuentre refugio en la actividad política ni en la falta de control territorial.
Luchar contra el narcotráfico es peligroso y delicado, y para ello los países democráticos e interesados en desarticular bandas de narcos deberían cooperar entre sí. En este sentido, parece que la cumbre Shield of the Americas fue un paso estratégico y positivo para Bolivia.