Después de décadas de desactualización, Bolivia necesita un nuevo Código Tributario de acuerdo a la actual realidad donde impera la tecnología para facilitar trámites y evitar los sistemas complejos que inducen a la corrupción, coincidieron los analistas Mauricio Galleguillos y Jaime Dunn en entrevistas realizadas por Economía y Empresa en el canal YouTube EDI TV Bolivia.
Galleguillos, que es el Segundo Vicepresidente de la Comisión Tributaria del ICC (Cámara de Comercio Internacional Bolivia) considera que el nuevo código podría fortalecer la relación jurídica entre el Estado y los contribuyentes, estableciendo con claridad los derechos y obligaciones de ambas partes, lo que permitiría incentivar la formalización de la economía, generar mayor transparencia y mejorar la recaudación fiscal, pues “un sistema tributario claro y previsible genera confianza; cuando el contribuyente tiene certeza de que las reglas del juego se respetarán, existe mayor disposición a formalizarse y cumplir con sus obligaciones”.
La propuesta también contempla fortalecer la institucionalidad tributaria en el ámbito internacional. Entre las ideas planteadas figura la posibilidad de integrar la gestión tributaria y aduanera, además de crear una unidad especializada en derecho tributario internacional y comercio exterior, esto permitiría que Bolivia participe activamente en foros internacionales donde se discuten políticas fiscales globales, como el impuesto mínimo global aplicando a grandes corporaciones multinacionales.
Por su parte, Dunn señaló que el sistema tributario del país, lejos de incentivar la inversión y la producción, se ha convertido en un mecanismo de coerción, sanción y persecución contra los contribuyentes por ser excesivamente complejo, con múltiples impuestos. Normas que cambian constantemente y procedimientos difíciles de comprender incluso para abogados especialistas, lo que genera incertidumbre permanente en los ciudadanos y empresarios que buscan cumplir con sus obligaciones fiscales.
Por otra parte, Dunn explicó que los “perdonazos tributarios” terminan generando incentivos negativos, ya que premian al contribuyente incumplidor mientras castigan a quienes cumplen con sus obligaciones.
Respecto al funcionamiento del sistema aduanero, al que Dunn identificó como uno de los principales focos de corrupción estructural, dijo que los altos aranceles, los permisos excesivos y los trámites prolongados generan que el comercio dependa más del criterio de un funcionario que de reglas claras. Por ello, planteó la reducción drástica de los aranceles de importación a niveles que oscilen entre el 0% y el 6% para reducir el contrabando.
