En un contexto que muestra el aumento de conflictividad social en el país, la conciliación empieza a consolidarse como alternativa para resolver disputas a través del diálogo y la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia promueve este proceso como el mejor camino para prevenir la confrontación y establecer acuerdos entre el Estado y sectores sociales.
En una entrevista realizada por EL DIARIO al jefe de Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos, Cesar Armando Rojas, explicó que, en general, la conciliación aún es una práctica que se está abriendo paso gradualmente en el país, aunque en los pasados años también se atendió casos de conciliación con bastante éxito.
“Estamos haciendo, en ese sentido, camino al andar. Hay pasos importantes que se han dado”, señaló, al referirse a la incorporación de la conciliación dentro y fuera del sistema judicial.
Según explicó, la Defensoría del Pueblo cumple un rol importante como mediador neutral en procesos de conciliación, especialmente cuando los conflictos involucran instituciones del Estado y sectores sociales. Junto a las 21 representaciones defensoriales distribuidas en todo el país, éstas pueden intervenir en este proceso cuando las partes lo solicitan.
Además, esta unidad cumple con otras tareas como el monitoreo de conflictividad a nivel nacional y participar en mesas de diálogo. “Hemos formado parte de las mesas de diálogo en este conflicto reciente entre la COB (Central Obrera Boliviana) y el Gobierno”, señaló.
“También hemos estado, por ejemplo, en el tema del conflicto de Tariquía, en Tarija, o el conflicto del botadero de K’ara K’ara, en Cochabamba”, añadió, refiriéndose a una participación activa y casi cotidiana que tiene la unidad en gestionar estos conflictos y en la mayoría de ellos realizar la conciliación.
Para Rojas, analizar la conflictividad social refleja la importancia de reforzar los mecanismos de diálogo. Según los datos citados por Rojas, un estudio del Centro de Estudios de Realidad Económica y Social (Ceres) registró aproximadamente 14.400 conflictos los últimos 43 años en Bolivia, lo que equivale a un promedio de 362 conflictos por año.
“Este es un patrón muy alto porque significa que, en el país, casi cada día tenemos un conflicto de algún punto de nuestra geografía”, afirmó Rojas.
AUMENTO DE CONFLICTIVIDAD
También mencionó que se presentó un informe trimestral del año pasado donde se registraron 841 conflictos, es decir, alrededor de 70 conflictos por mes: “La conflictividad en el país se ha elevado el pasado año y probablemente esto tiene mucho que ver con la crisis económica”.
Rojas afirmó que la sociedad boliviana no es la responsable de la conflictividad en el país, sino la capacidad del Estado para gestionar los requerimientos de la población. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo impulsa campañas de información y sensibilización orientadas a promover una cultura de diálogo y resolución pacífica de conflictos.
“Si nosotros, de manera efectiva, queremos revertir la situación de conflictividad, lo que debemos hacer es mejorar sustantivamente la gestión pública al nivel de todas sus reparticiones municipales, de gobernaciones y del Gobierno central” añadió.
Rojas adelantó que estas campañas ya comenzaron a implementarse y se desarrollarán durante toda la gestión 2026 a través de medios de comunicación y redes sociales.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía y a las instituciones públicas a fortalecer la tolerancia, el respeto y el diálogo como herramientas fundamentales para canalizar las demandas sociales: “Que la protesta no se convierta en un efecto perverso, sino que la protesta llevada de manera pacífica pueda generar y lograr que esos sectores alcancen esas demandas sociales”.
ALCANCE
La intervención de la Defensoría tiene sus limitaciones para casos particulares, pues la Unidad no atiende conflictos de carácter familiar, civil ni administrativo, ya que estos deben ser tratados por otras organizaciones de conciliación especializados. “Está también el CDC (Capacitación y Derechos Ciudadanos), que atiende en ese tipo de casos”, añadió Rojas.
La Defensoría del Pueblo, al ser una instancia del Estado, solo atiende casos de conciliación o mediación que involucren situaciones de conflicto entre una institución del Gobierno y algún sector social, luego de que las partes soliciten su intervención.
